El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha añadido más leña al fuego prendido tras saberse que la Fiscalía General del Estado ordenó a las fiscalas del 'caso Púnica' que no apoyaran la imputacióndel presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez. Catalá ha negado este jueves cualquier interferencia en la justicia aunque ha reprendido a las fiscalas por no haber acatado el "criterio" de sus superiores. La polémica ha incomodado también aCiudadanos, socio del dirigente del PP, al que reclama que dimita si finalmente es imputado por cohecho y fraude, delitos de los que le acusa el juez Eloy Velasco.

Catalá defendió a la Fiscalía, en una entrevista de la cadena Ser, con el argumento de que es una organización jerárquica y, por tanto, es habitual que los superiores se pronuncien respecto a asuntos relevantes y "ratifiquen o modifiquen" el criterio de los fiscales asignados al caso. Lo que es "anómalo", lanzó, es que las fiscalas que investigan la 'trama Púnica', Carmen García y Teresa Gálvez, se negaran a firmar el escrito de Anticorrupción en el que les ordenaba que dejaran fuera de la investigación al barón del PP murciano. Además, les afeó que su posición haya pasado a ser de "conocimiento público".

"Así funciona siempre la Fiscalía, no hay ninguna manipulación", aseguró. Y remató: "Yo no sé dónde hay que poner la verdad, si en las fiscalas o en los jefes; yo me pongo más del lado de sus jefes".

COMPARECENCIA EN EL CONGRESO

Tal fue el revuelo que el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, comparecerá en el Congreso de los Diputados --propuesto el pasado 11 de noviembre para el cargo, que asumió hace dos meses y medio-- para explicar por qué decidió no acusar a Sánchez.PSOE, Podemos, Ciudadanos y Compromís le exigieron que aclare si recibió o no instrucciones políticas.

En el Senado, Unidos Podemos ha solicitado, además, que comparezca Catalá, a quien la Unión Progresista de Fiscales atribuye "una intromisión intolerable" en el trabajo de sus subordinados y un "desprecio" a la autonomía del ministerio fiscal. Por ello, reclama la dimisión del ministro.

No apuntó Catalá, en cambio, a anomalía alguna en el hecho de que el presidente murciano supiera que contaba con el apoyo de cuatro fiscales del Tribunal Supremo antes que las propias García y Gálvez. Es más, aseguró que, aunque no sabe cómo se enteró Sánchez, la información pasó "por las manos suficientes" para que le llegara al dirigente.

EL AVISO DE CIUDADANOS

Las implicaciones políticas de la polémica llegaron de inmediato del aliado del PP en el Parlamento murciano. El portavoz de C's, Miguel Sánchez, remarcó que espera que el presidente "no ponga en peligro la estabilidad de la región por una silla" en caso de que sea finalmente imputado. En ese momento, si llega, subrayó el dirigente del partido naranja, le exigirá que dimita, en virtud del acuerdo entre ambos partidos en materia de corrupción. "Le pedimos altitud de miras", dijo.

El presidente murciano, no obstante, no aclaró, en la sesión de control de la Asamblea Regional, si renunciaría o no a su cargo si es imputado. "Cumplo siempre mi palabra y cumplo la ley", se limitó a responder a su socio.

EN LA RIOJA

Otro dirigente popular, el expresidente de La Rioja Pedro Sanz, se ha visto envuelto en una polémica similar. El diario 'El Mundo' ha publicado este jueves que la fiscalía riojana recibió la orden de no acusarle por presunta prevaricación urbanística. La Fiscalía General del Estado ha subrayado en un comunicado la "rotunda falsedad" de esa afirmación.