La Audiencia Nacional ha conseguido decomisar 5,4 millones de dólares en metálico (unos 4,6 millones de euros) y diferentes inmuebles en Colombia al expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González. La justicia se ha incautado del patrimonio que el expresidente madrileño habría reunido por sus actividades delictivas relacionadas con el Canal de Isabel II (empresa pública que presidió) en el marco de la operación Lezo. Tal y como adelantó ayer la cadena SER, las cuentas han sido bloqueadas gracias a la colaboración de la justicia panameña y colombiana, y también se ha inmovilizado patrimonio inmobiliario a nombre de testaferros.

Según esta versión, el viaje del juez Manuel García Castellón y del fiscal anticorrupción Carlos Yáñez a este país sudamericano, llevado a cabo la pasada semana, resultó clave, ya que -entre otras pesquisas aún bajo secreto de sumario- pudieron tomar declaración a un testigo clave.

González salió el miércoles pasado de la prisión madrileña de Soto del Real tras pagar los 400.000 euros de fianza que le impuso el magistrado. La incautación de este botín habría sido decisiva para permitir su libertad condicional, que puso fin a sus 201 días en prisión como principal acusado del caso Lezo.

Su abogado, Esteban Mestre, negó ayer que González tenga nada en el extranjero. En declaraciones remitidas a la agencia Efe, manifestó su «perplejidad» por la información: «No tiene ningún testaferro, ni sociedades, ni cuentas bancarias, ni dinero, ni bienes inmuebles en el extranjero, ni personalmente ni a través de la titularidad fiduciaria de terceros». «El hecho de que ese dato no se recoja en el auto que acaba de ordenar la excarcelación permite también dudar de su relevancia», apuntó. «Aparecen ahora sorprendentemente y por el momento sin posibilidad de contraste ni refutación», zanjó, antes de defender la absoluta inocencia de su defendido.

UNANIMIDAD EN LAS REACCIONES / El vicesecretario general de Comunicación del PP, Pablo Casado, subrayó que en España «quien hace algo mal, lo acaba pagando». Y la presidenta regional Cristina Cifuentes pidió que, «si ha habido daño al patrimonio de todos los madrileños, se restituya».

En el PSOE, su secretario general, Pedro Sánchez, ensalzó en Twitter el «gran trabajo de la policía, de la justicia, de la oposición en la Asamblea de Madrid y de los medios de comunicación», para luego hacer hincapié en que «los corruptos del PP acabarán pagando».

Podemos también se alegró. La portavoz morada en la Asamblea de Madrid, Lorena Ruiz-Huerta, opinó que esta información «viene a certificar que el PP es una organización criminal que ha llegado a las instituciones para saquearlas».

El portavoz de Ciudadanos en esta Cámara, Ignacio Aguado, señaló que tendrá que ser el juez quien decida si es culpable, aunque cree que el dinero hallado en Colombia prueba que las bolsas que el expresidente madrileño llevó a ese país «tenían algo más que toallas».