La defensora del pueblo, Soledad Becerril, planteó dedicar también al alquiler social pisos de la Sareb, el banco malo, a la vista del "escaso éxito inicial" del fondo creado por el Gobierno en 2013 con inmuebles aportados por la banca.

La idea de que el Ejecutivo considerara esta opción surgió, tras constatar que el propio banco malo había puesto a disposición de comunidades autónomas "cientos de viviendas" para usos sociales.

Sin embargo, tanto el Ministerio de Economía y Competitividad como el Ministerio de Fomento, se opusieron a la propuesta de la Defensora del Pueblo con el argumento de que la Sareb no está configurada como un instrumento de la política social de vivienda.

Además, según recoge el informe del Defensor del Pueblo de 2014, el departamento que dirige Ana Pastor le dijo que las solicitudes de viviendas que había recibido la banca en los dos últimos años era "sustancialmente menor" al que las propias entidades ofrecían.

Con ese argumento, a Fomento no le parecía "especialmente necesario" aumentar la oferta de viviendas disponibles en el Fondo Social de Alquiler impulsado por el Ejecutivo a principios de 2013 para dar respuesta a las familias que habían perdido su casa.

"Que en 2013 y 2014 el número de solicitudes recibidas por las entidades financieras haya sido menor al de las viviendas ofertadas no puede significar, como pretende la Administración, que no sea necesario aumentar la oferta", le recuerda Becerril.

Añade también que no puede deducirse que no haya necesidad de viviendas, porque la demanda de mercado (es decir, con capacidad de pago) está hoy "muy mermada y en muchos casos es inexistente", mientras que el derecho fundamental al uso y disfrute de una vivienda digna no está restringido a que haya tal demanda solvente.

La defensora del pueblo incide en que se trata "de un bien de primera necesidad cuyo precio resulta inalcanzable para la inmensa mayoría, salvo financiación externa, y ni siquiera ésta resulta fácilmente accesible en los últimos años".

El fondo social de viviendas nació en 2013 con 6.000 inmuebles de la banca, y en mayo de 2014 el Gobierno decidió ampliar el ámbito de potenciales beneficiarios, aunque a finales de ese año apenas se habían alquilado unas 750 propiedades.

Por eso Becerril ha vuelto a dirigirse al Ministerio de Fomento para sugerirle que más gente pueda optar a estas viviendas, al mismo tiempo que le ha sugerido dar una mayor difusión al conocimiento por el público de este fondo, con medidas directas o indicando a las entidades bancarias participantes que den una mayor difusión.

Por el momento, lo único que se ha conocido públicamente y por parte del Ministerio de Economía es que el fondo social de vivienda estará vigente al menos hasta enero de 2016, un año más de lo inicialmente previsto.

En estos momentos, la defensora del pueblo estudia dirigir al Ministerio de Fomento una sugerencia para recordarle la importancia de la Sareb en el mercado inmobiliario español y animar al departamento de Ana Pastor a "actuar" en la comisión de seguimiento del convenio rector del fondo social de vivienda, con independencia de que la presida el Ministerio de Economía.