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TRIBUNALES

La Audiencia de Madrid absuelve a los 34 acusados del 'caso Guateque'

Anula la grabación que dio origen a la causa, porque la Guardia Civil mintió en su atestado

ÁNGELES VÁZQUEZ
19/06/2017

 

La Audiencia Provincial de Madrid ha absuelto a los 34 acusados del ‘caso Guateque’, en el que se investigaba una supuesta trama de corrupción en la tramitación de licencias administrativas del Ayuntamiento de Madrid, al considerar nulas todas las pruebas practicadas durante la instrucción, porque la grabación que dio origen a la investigación penal se realizó sin autorización del juez.

El auto que dio origen al procedimiento, afirma la sentencia, se basó en una supuesta grabación espontánea realizada el 6 de marzo de 2007 por un ciudadano por sus propios medios. Pero en el juicio que comenzó en enero se ha demostrado que fueron miembros de la Unidad Orgánica de la Comandancia del Cuerpo de Madrid (Tres Cantos) de la Guardia Civil quienes entregaron al denunciante una grabadora y una cinta para que grabara la conversación que iba a tener lugar ese día en el despacho profesional de la persona que realizaba los proyectos técnicos en sus negocios de hostelería, con quien mantenía una antigua relación de confianza.

La grabación, según la sentencia, debía hacerse sin conocimiento del interlocutor y la conversación versaría sobre una supuesta petición de dinero por un funcionario del Ayuntamiento de Madrid para la tramitación rápida de un expediente. Tres días después, tras valorar el contenido de lo grabado, desde la jefatura de dicha unidad, se ordenó a la Unidad Orgánica de la Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil tomar declaración al denunciante sin que en el atestado levantado se hiciera referencia a que los medios técnicos con los que se grabó la conversación habían sido facilitados por la propia unidad.

El atestado decía que había sido el denunciante quien había decidido por sí mismo grabarla con sus propios medios, y ni la grabadora ni la cinta con la conversación supuestamente registrada fueron entregadas en el juzgado. El auto de incoación se basó "exclusivamente en el relato falaz obrante en el atestado de la Guardia Civil".

DE MALA FE


Para la Audiencia, “los agentes de la Guardia Civil actuaron de mala fe, estando encaminada su intervención a la obtención de una fuente de prueba mediante una acción vulneradora del derecho a la intimidad, tratándose de una infracción deliberada para conseguir la iniciación del proceso penal. Este hecho inicial tiene, en consecuencia, una eficacia contaminante sobre el resto de las pruebas practicadas, también en relación con la de confesión efectuadas por varios acusados, al estar directamente relacionadas con el resultado de las intervenciones telefónicas que consideraron válidas y que han resultado nulas de pleno derecho”.

Los magistrados manifiestan que la grabación adolece de valor probatorio y subrayan que el "contenido mendaz" del atestado policial que dio origen a la causa es "un método fraudulento ideado para conseguir la iniciación del proceso penal mediante el ardid de presentar la grabación de unas conversaciones obviando el dato esencial relativo al método empleado para su obtención". Ello, según la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, supone una vulneración el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva y se generó indefensión.

SIN APORTAR LA CINTA

“Es inexplicable que no se haya aportado la cinta original al juzgado, ni que éste haya requerido su entrega o, al menos, realizara alguna indagación al respecto. Resulta igualmente paradójico el silencio que sobre este extremo guardaron las acusaciones durante la instrucción, mutismo que se ha extendido al acto del juicio oral, en el que no ha prestado declaración ninguna persona que hubiera escuchado la grabación original”, sostiene la sentencia.

La Fiscalía solicitaba una pena conjunta de 250 años de prisión para los 34 procesados por delitos de cohecho, delitos continuados de falsedad en documento oficial, delitos contra el Patrimonio Histórico, delitos de tráfico de influencias, delitos de prevaricación ambiental y delitos de negociaciones prohibidas a funcionarios. 

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