El expresidente de la Generalitat Artur Mas ha asegurado que la fianza de cinco millones de euros que exige el Tribunal de Cuentas a él y otros diez cargos más por la consulta del 9-N le deja "sin absolutamente nada". Lo ha dicho este miércoles en una entrevista en 'Rac1', en la que además han participado los exconsellers Francesc Homs, Joana Ortega e Irene Rigau, también inhabilitados. Este órgano, sin embargo, ha aclarado que el pago no tiene que ser inmediato.

Ortega se ha mostrado "enfadada y cabreada" por la citación y ha afirmado que hacer frente al pago pone en riesgo su único patrimonio, que es su vivienda, lo único que puede dejar a sus hijos. Aun así, ha sentenciado que "hay cosas más importantes" que el patrimonio, como las convicciones políticas, una afirmación que han suscrito Homs y Rigau, que también ha agradecido las muestras de solidaridad de la sociedad catalana que ha hecho aportaciones a la caja de resistencia habilitada por Òmnium Cultural y la ANC.

Tanto Homs como Rigau han cargado contra el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, del que han dicho que es "un cobarde a la hora de afrontar la cuestión catalana" y al que han comparado con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. Homs ha añadido que "Sánchez se refugia en las faldas de Rajoy y en este abuso de poder. Algunos lo quieren vestir de legalidad. También lo decía Franco, lo de vestirlo de legalidad".

Sin pago inmediato

No obstante, el Tribunal ha informado de que Mas y los otros exconsejeros y funcionarios acusados de promover el referéndum del 9-N no deberán pagar de forma inmediata los cinco millones que se les exigen el próximo 25 de septiembre, cuando han sido citados por malversar fondos para una consulta ilegal. La institución que preside Ramón Álvarez de Miranda emitió este miércoles un comunicado para aclarar lo relativo a la citación, dada a conocer este martes por el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y por su vicepresidente, Oriol Junqueras.

La institución auditora asegura que con Mas y los otros 10 organizadores se está siguiendo el procedimiento "habitual" en "los casos de alcance o malversación por daño a los fondos públicos según lo previsto en la Ley de Funcionamiento del Tribunal".

Se añade que las citaciones de finales de este mes "tienen por objeto que dichos cargos y funcionarios pueden tener vista de la documentación existente en la instrucción y realizar alegaciones para la tutela efectiva de sus derechos de defensa hasta el día 25 de septiembre, en que está previsto el levantamiento del Acta de Liquidación Provisional" sobre el gasto del 9-N.