El expresidente de la Generalitat Artur Mas no se ha movido ni un ápice en sus argumentos en defensa de la consulta soberanista del 9 de noviembre del 2014. Tal como hizo en su declaración ante el juez instructor, el exmandatario catalán se ha erigido ante el tribunal que le juzga por presunta desobediencia al tribunal como el "máximo responsable político" de haber ideado e impulsado el proceso participativo alternativo a la consulta. “La iniciativa política fue mía y de mi Govern, pero yo daba las directrices políticas”, ha explicado con contundencia. Mas se ha acogido a su derecho a no responder a las preguntas de la fiscalía ni de la acusación particular y solo ha contestado a su abogado, Javier Melero.
“Yo era el máximo responsable de todo”, ha afirmado, a la vez que ha querido dejar constancia de que, ante la primera prohibición del Tribunal Constitucional, hubo un "cambio de formato" y se dejó en manos de voluntarios la organización de la consulta alternativa. “Sin los 42.000 voluntarios no se podría haber llevado a cabo el proceso participativo”, ha detallado. El 'expresident' se ha sentado en el banquillo de los acusados junto a la exvicepresidenta Joana Ortega y la 'exconsellera' Irene Rigau. La fiscalía reclama para el exmandatario 10 años de inhabilitación y nueve años para las otras exaltos cargos por los delitos de desobediencia y prevaricación.
En su declaración de menos de una hora, Mas ha asegurado que las directrices para organizar la consulta soberanista fue suya, como presidente de la Generalitat, y el resto de los miembros del Govern, como Ortega y Rigau, solo la siguieron. La consulta, ha detallado, la iniciativa tenía unas raíces “estrictamente democráticas” y que tenía como objetivo escuchar al pueblo de Catalunya sobre si quería o no un estado propio dentro de la Unión Europea.
MANDATO PARLAMENTARIO
Ha recordado que tras las elecciones del 2012 había una mayoría en el Parlament a favor del derecho a decidir y que desde la Cámara catalana se instó al gobierno catalán de promover una consulta soberanista. “Si intentó negociar un referéndum pactado como el Gobierno central, pero no hubo manera”, ha subrayado. Incluso, ha concretado que tuvo varias conversaciones con el presidente del Gobierno central, Mariano Rajoy. “El proceso participativo no fue un capricho individual, ni una salida de tono, sino que se siguió un mandato del Parlament”, ha afirmado.
Mas ha resaltado que en el par primera consulta convocada, que fue prohibida por el Constitucional, había sido organizada e impulsada desde la misma Administración autonómica, pero la segunda, es decir el proceso participativo del 9-N, se dejó en manos de los voluntarios. “La organización se cambio, aunque el objetivo era el mismo: saber la opinión de la gente de Catalunya”, ha insistido. Y todo en base a la movilización popular en la calle. La Generalitat les facilita a los voluntarios los medios.
“Pedimos la implicación de 20.000 personas y se apuntaron 42.000”, ha precisado, para después añadir que fueron un elemento y “pieza imprescindible” en la organización del 9-N, que el expresidente calificó de “jornada democrática”. “No había el ánimo de cometer ningún delito, ni de desobedecer. Creía que se había cumplido lo acordado por el Constitucional, aunque era impreciso su mandato”, ha sostenido. ”Ante la imposibilidad, la evidencia y la magnitud de lo que estaba pasando en el país, se debía celebrar la jornada con normalidad, tal y como ocurrió”, ha dicho Mas. El exmandatario ha expresado también que no el Constitucional no hizo nada el día de la consulta pararla y que no se pusieran las urnas.
ORTEGA Y RIGAU
En el mismo sentido que Mas han declarado las otras dos acusadas. Ortega y Rigau, en una declaracion de media hora cada una, han querido dejar claro el papel fundamental de los voluntarios para organizar y desarrollar el 9-N. Para Ortega fueron "el alma del proceso" ya que "lo hicieron todo: como abrir los colegios, organizar colas, subir los datos de participación..." y ha asegurado que ningún funcionario realizó tareas durante las votaciones de forma oficial.
La exvicepresidenta ha asegurado que antes de la suspensión del 4 de noviembre las empresas encargadas de los preparativos, como hacer las urnas o distribuir los ordenadores ya habían facturado y entregado sus trabajos y que diseñó toda la organización del 9-N, a petición de Mas, "dento del marco legal y con respeto por la ley y la democracia".
Por su parte, la 'consellera' Rigau tambien ha remarcado el papel fundamental de los voluntarios que se encargaron de abrir los centros escolares y ha negado que entre el 4 y el 9 de noviembre no dictó ninguna resolución ni acto administrativo en relación con el proceso participativo. Rigau ha confirmado que 156 colegios abrieron para las votaciones aunque hubo más de mil puntos con urnas.
La sesión de este lunes, que ha durado dos hora y media, ha finalizado pasadas las 12 horas con la campanilla agitada por el presidente del tribunal. La vista se reanudara este martes con la declaración de testigos.
