La Fiscalía Anticorrupción ha hecho leves modificaciones en sus peticiones de penas de prisión a los 37 acusados en la primera época de la trama Gürtel (1999-2005), que este lunes ha elevado a definitivas. Destaca la rebaja de tres años de cárcel para el extesorero del PP Luis Bárcenas al eliminar su acusación por un delito contra la Hacienda Pública.
Las fiscales Concepción Sabadell y Concepción Nicolás solicitaron inicialmente a 42 años y medio de prisión para Luis Bárcenas por ocho delitos contra la Hacienda Pública. Ahora, tras atender a las periciales, retira el delito relativo al Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF) del año 2009, por lo que finalmente pide para él 39 años de cárcel.
Por otro lado, ha retirado todos los delitos contra la Hacienda Pública de los que se acusaba al exconsejero madrileño Alberto López Viejo. Si bien, mantiene la petición de que el PP sea multado con 245.492 euros y la exministra de Sanidad Ana Mato con 28.467 euros al ser partícipes a título lucrativo
Las defensas, dos días después
Tras escuchar durante un año las declaraciones de los acusados y de los tres partícipes a título lucrativo -la exministra de Sanidad Ana Mato, el Partido Popular y la mujer de la exalcalde de Majadahonda (también acusado), Gema Matamoros-, a los cerca de 300 testigos - entre ellos, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, o la expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre-, policías e inspectores de Hacienda, además de peritos; comienza la última fase de la vista oral: la de las conclusiones e informes de las acusaciones y defensas.
Dos días después, el 11 de octubre, será el turno para que las defensas anuncien su petición final, que previsiblemente será de absolución en la mayoría de los casos. Según el calendario previsto, los informes definitivos serán expuestos a partir del 23 de octubre, día en el que los acusados tendrán que acudir a la vista oral.
El juicio se inició el 4 de octubre y analiza las operaciones que la red de Correa desarrolló entre los años 1999 y 2005 con ayuda de Crespo, etapa en la que organizaron un entramado societario utilizando sus contactos con responsables del PP para conseguir adjudicaciones irregulares de contratos públicos, el pago de comisiones y dádivas y ocultar al fisco las ganancias que ascienden a más de 40 millones de euros, según la Fiscalía.
Estas actividades se llevaron a cabo en las comunidades de Madrid y Castilla y León, el ayuntamiento de la capital y de los municipios madrileños de Majadahonda y Pozuelo de Alarcón y en la localidad malagueña de Estepona.
