La Fiscalía Anticorrupción tiene previsto pedir fianzas, que podrían rondar hasta los 50.000 euros, para los alcaldes y el resto de detenidos en la Operación Púnica que hoy declaran ante el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco acusados de integrar esta trama de corrupción municipal y regional.

Mientras se aguarda la decisión del magistrado sobre la situación de los primeros detenidos en ser interrogados, la Guardia Civil ha detenido a un guardia civil de la Unidad Central Operativa (UCO) acusado de haber informado al exdirigente del PP Francisco Granados de que estaba en marcha esta investigación contra él.

En la Operación Púnica también se investigan cuatro contratos millonarios de otros tantos ayuntamientos de la Comunidad de Madrid adjudicados este año y el pasado a la filial española de la empresa francesa Cofely por un importe global de casi 115 millones de euros.

Fuentes fiscales han asegurado a Efe que la previsión inicial de solicitar hoy fianzas puede ser modificada a lo largo del interrogatorio de los detenidos que continúa esta tarde, por lo que no será hasta el final de las declaraciones cuándo se sepa la petición definitiva que adoptará Anticorrupción.

Una de las posibilidades que manejaba la Fiscalía Anticorrupción antes de iniciar los interrogatorios era reclamar la imposición de medidas cautelares y el pago de fianzas de hasta 50.000 euros para seguir en libertad, según las fuentes.

Tras su traslado desde dependencias de la Guardia Civil, esta mañana comparecieron ante el juez Velasco cuatro de los 17 detenidos: los alcaldes de Torrejón de Velasco, Gonzalo Cubas Navarro (PP), y de Collado Villalba, Agustín Juárez (PP), el secretario técnico del Instituto de Turismo de Murcia, Jesús Norberto Galindo, y el empresario Francisco Ruiz.

Velasco comenzó los interrogatorios a las 12.30 horas y tras tomar declaración al cuarto detenido en esta operación, en la que ha sido desmantelada una trama de corrupción municipal y regional, hizo un receso para comer y volvió a su despacho a las 17.00 horas para proseguir con las comparecencias.

A lo largo de esta tarde, el juez interroga a los 13 restantes que han pasado hoy a disposición judicial, entre los que se encuentran los alcaldes de Parla, José María Fraile (PSOE) y el de Casarrubuelos, David Rodríguez Sanz (PP), así como los directivos de la empresa Cofely Didier Maurice y Constantino Álvarez.

Mientras no finalicen los interrogatorios a estos 17 acusados, el juez no comunicará su decisión sobre la situación de los detenidos y si quedan en libertad, ingresan en prisión o se adopta otro tipo de medida cautelar (fianzas, comparecencias periódicas, retirada del pasaporte o prohibición de salir de España).

Aunque en un principio no se esperaba la detención del guardia civil imputado tras descubrirse que alertó a Granados, finalmente el agente ha sido arrestado.

Según fuentes de la investigación, el agente arrestado no forma parte del grupo que está investigando este caso, sino de otro dedicado a ofrecer apoyo técnico a la UCO y que prestó un servicio puntual.

Los cuatro contratos investigados, de los consistorios de Móstoles, Collado Villalba, Valdemoro y Parla, tienen que ver con las adjudicaciones a la principal beneficiaria de la trama de corrupción en la que presuntamente están implicados el exdirigente del PP Francisco Granados, seis alcaldes de la Comunidad de Madrid y otros políticos, técnicos municipales y empresarios.

Según los datos a los que ha tenido acceso Efe, uno de los contratos millonarios con la citada empresa y que se investigan es el del Ayuntamiento de Valdemoro, por un total de 60,8 millones de euros.

Mañana está previsto el interrogatorio del resto de detenidos en esta operación, entre ellos el exconsejero madrileño y ex secretario general del PP de Madrid Francisco Granados, a su socio en este entramado, David Marjaliza, y el presidente de la Diputación de León, Marcos Martínez (PP).