El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha condenado al exalcalde de Sabadell Manuel Bustos, a su hermano y concejal Francisco Bustos y al exsecretario de organización del PSC Daniel Fernández a penas de 1 año y 4 meses de prisión por un delito de tráfico de influencias. La alcaldesa de Montcada i Reixac, María Elena Pérez, ha sido condenada a 7 años de inhabilitación por un delito de prevaricación.
Se trata de una pieza separada del 'caso Mercuri', que investiga la presunta trama de corrupción y tráfico de influencias que se habría generado alrededor del exalcalde de Sabadell y expresidente de la Federació de Municipis de Catalunya (FMC), Manuel Bustos.
La sentencia acusa a los hermanos Bustos y a Fernández de haber querido imponer una persona de confianza, la exalto cargo del Govern tripartito Carmina Llumà, para ocupar un puesto en el Ayuntamiento de Montcada i Reixac, unas presiones que habrían ejercido sobre la alcaldesa de esta localidad y a las cuales ella habría accedido. Las gestiones se habrían llevado a cabo en el 2012 a través de la figura de Paco Bustos en calidad de presidente de la federación comarcal del PSC.
4 AÑOS Y 6 MESES DE INHABILITACIÓN
La Sala Civil y Penal del TSJC ha decidido por este motivo condenar a los hermanos Bustos y a Fernández a una pena de 1 año y 4 meses cada uno de ellos y abonar una multa de 60.000 euros. En la misma sentencia también se les condena a una pena de 4 años y 6 meses y 1 día de habilitación para cargo público.
La alcaldesa de Montcada i Reixac, María Elena Pérez, que actualmente se encuentra de baja por su reciente maternidad, también ha sido condenada, en este caso a una pena de 7 años de habilitación para cargo público. Se considera que ha cometido un delito de prevaricación.
A parte, se imponen a todos los acusados por partes iguales el pago de las costas procesales derivadas, incluyendo una cuarta parte de las causadas por la acusación popular.
VOTO PARTICULAR
La sentencia contiene el voto particular del presidente del tribunal, el magistrado Miguel Ángel Gimeno, quien reclama la absolución del exnúmero tres del PSC al considerar que en el juicio no se pudo probar que Fernández llamara a la alcaldesa de Montcada antes de modificarse los criterios de selección de las candidatas al puesto municipal, y que el encuentro que ambos mantuvieron tuvo lugar después de que se reuniran los técnicos municipales para modificar estos criterios. "La sentencia parte de un convencimiento subjetivo que solo se sustenta en inferencias abiertas y carentes de univocidad", argumenta Gimeno.
