La exdiputada de la CUP Anna Gabriel permanece en paradero desconocido desde hace algunos días. El próximo miércoles, 21 de febrero, debería comparecer en el Tribunal Supremo como imputada por la causa abierta por presunta rebelión contra los miembros del depuesto Govern de Carles Puidemont y varios líderes independentistas. Desde algunos medios se ha situado a la dirigente anticapitalista en Venezuela, aunque su entorno lo ha desmentido. En realidad, según ha podido saber El Periódico de Cataluña, la exparlamentaria ha buscado refugio en Ginebra (Suiza), donde ha contactado con un abogado experto en causas de extradición que había asumido la defensa de distintos miembros de ETA. Este diario ha intentado sin éxito recoger la versión tanto de Anna Gabriel como de su abogado catalán, Benet Salellas.

Fuentes conocedoras de las pesquisas han apuntado que Gabriel ha viajado a la localidad suiza, una de las cuatro sedes internacionales de las Naciones Unidas, y que desde allí está diseñando junto a sus abogados la estrategia a seguir ante la citación cursada por el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena. Suiza no pertenece a la Unión Europea, pero sí al Espacio Schengen, que garantiza la libre circulación a los nacionales de los países firmantes.

LA DINÁMICA DE PUIGDEMONT / La exdiputada y sus asesores no descartan ninguna alternativa, pero son conscientes de que si Gabriel opta por no comparecer ante el magistrado el próximo miércoles, éeste, con casi total seguridad, dictará contra ella una orden de detención. Si por entonces todavía se encuentra en Suiza, como indican las fuentes consultadas, entraría en una dinámica muy similar a la de Puigdemont y los cuatro exconsejeros que desde octubre pasado, tras la proclamación de la declaración unilateral de independencia, residen en Bélgica. En España les espera una orden de detención por delitos de rebelión y sedición.

Una de las principales alternativas que baraja la exdiputada junto a su defensa es quedarse en Suiza, donde el sistema judicial podría entorpecer la entrega a las autoridades españolas. El Código Penal suizo no tipifica como tales la sedición ni la rebelión, pero en su artículo 265 castiga con penas de entre un año de cárcel y cadena perpetua los siguientes «delitos contra el Estado»: intentar «cambiar mediante la violencia la Constitución» o «separar mediante la violencia parte del territorio».

Si la exdiputada de la CUP opta por quedarse en Ginebra, lo más probable es que antes del miércoles -fecha de su cita con Llarena- anuncie a través de las redes sociales su intención de no comparecer en el Supremo, sin desvelar en un primer momento dónde se halla. No desvelaría su ubicación hasta el mismo miércoles en una rueda de prensa en Ginebra a la que previsiblemente convocaría a medios de comunicación catalanes y suizos.

Un dato que no escapa a los investigadores es que Gabriel fue citada por el juez para el 14 de febrero, el mismo día que la también exdiputada de la CUP Boya, pero su abogado pidió la suspensión porque tenía otro compromiso. El juez Llarena aceptó esta solicitud y la exdiputada fue convocada para este miércoles 21. Boya quedó libre porque precisó que jamás formó parte del puente de mando del procés, en el que sí que está Gabriel.