La educación es uno de los pilares fundamentales de la democracia. Una sociedad verdaderamente democrática es aquella en la que las personas, al poder desarrollar su autonomía de pensamiento y su capacidad crítica en libertad, son difícilmente manipulables y no quedan a merced de las élites que controlan los medios de comunicación. La educación es el único medio para que cada cual puedan desarrollar sus capacidades y ejercer plenamente esa libertad.

Con la excusa de la crisis, se están imponiendo gravísimos recortes en todos los servicios públicos y, en concreto, en la educación, lo que está provocando una privatización creciente de la misma, promoviendo un modelo educativo cuya prioridad pasa a ser el logro de la eficacia y la eficiencia, abriendo la educación a los principios y prácticas del mercado en todos los ámbitos del sistema educativo, abandonando el principio de la educación como un derecho fundamental para todos y todas, que ha de ser promovido por el Estado. Se quiere terminar con el principio de una educación al servicio del desarrollo integral de las personas y de la formación de una ciudadanía crítica, capaz de intervenir en su mundo y transformarlo. Así pues, la libertad de conciencia y la igualdad de todas las ciudadanas y ciudadanos son los pilares fundamentales de toda democracia. De ellos se deriva la necesaria separación entre el Estado y las organizaciones religiosas. Esto es, los principios del laicismo. El laicismo defiende esos valores que dotan a una sociedad democrática de una sólida base moral para promover y soportar la convivencia en comunidades como las actuales, de gran diversidad de culturas y credos. Sin el laicismo, la historia nos lo enseña, se produce la imposición de un credo que tiene la hegemonía o bien la lucha entre las variadas confesiones y opciones espirituales. (...)

Por todo ello aspiramos a una sociedad verdaderamente laica y a que la enseñanza confesional de la religión desaparezca definitivamente del ámbito escolar. Las creencias o prácticas religiosas no son una asignatura, pertenecen a la esfera de las opciones personales, por lo que no forman parte de las competencias básicas escolares ni del currículo de la enseñanza obligatoria. El adoctrinamiento religioso, la catequesis, no es ni puede ser un área de conocimiento en la escuela, porque segrega a niños, niñas y adolescentes por cuestiones ideológicas y de conciencia, lo cual va en contra de los principios de la educación en igualdad, base de una sociedad democrática. Reclamamos que los poderes públicos no financien como concertados los centros privados-religiosos que fomentan una visión de la realidad contraria a los avances del conocimiento científico o, a nivel ideológico y político, a las leyes aprobadas por el Parlamento democrático. Tampoco a los que aplican idearios o proyectos educativos u organizativos que contradicen los principios de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de la convención de los Derechos de La Infancia, así como los derechos civiles garantizados por las leyes españolas. (...)

Exigimos la elaboración y aprobación de una Ley de Financiación, que garantice que la educación pública dispondrá de las inversiones necesarias para superar los déficits históricos, hasta llegar al 7% del PIB.

La educación pública no es un negocio: Es el compromiso de una nación para con su ciudadanía y la herramienta con la que un pueblo interpreta, comprende, interactúa y modifica su entorno, dando respuesta y avance a las distintas problemáticas sociales, económicas, políticas, etc., que acontecen en su tiempo.