Se cumplieron ayer 20 años del asesinato de Ana Orantes a manos de su marido. Trece días antes de su muerte, quemada viva en el patio de su casa, ella misma había denunciado ante las cámaras de Canal Sur las agresiones continuadas de que había sido objeto a lo largo de toda su vida matrimonial. El caso no fue el primero de violencia machista, por supuesto, pero fue el detonante de una progresiva concienciación de la sociedad que, en aquella época, según un informe de 1998 del Defensor del Pueblo, no consideraba que «desde el punto de vista histórico esta materia hubiera suscitado ni interés social ni jurídico, debido al papel reservado tradicionalmente a la mujer». Aun a pesar de los cambios experimentados en la legislación y en la prevención y atención, lo cierto es que, desde entonces, se han producido más de un millar de muertes por violencia machista, con una media que roza las 70 por año. Tanto la reforma del Código Penal como la creación del Observatorio contra la violencia doméstica, la implantación de las órdenes de protección y la primera ley integral impulsada por el Gobierno de Zapatero fueron la respuesta a un clamor social hoy instalado en la sociedad española como un mandato moral de primer orden. Fueron medidas necesarias pero no suficientes. La reciente aprobación del pacto de Estado para atajar la violencia machista indica que la tragedia está muy presente en nuestra sociedad. Ayer también fue el aniversario de la declaración de la ONU del día internacional para la eliminación de la violencia contra la mujer. La lucha persiste y es deber de todos intervenir para erradicar esta lacra social.
