La presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y el resto de la Mesa de la asamblea catalana no correrán la misma suerte que gran parte del Govern depuesto. El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena dictó anoche prisión eludible bajo fianza de 150.000 euros contra Forcadell, y dejó en libertad a Lluís Corominas, Lluís Guinó, Anna Simó y Ramona Barrufet con la obligación de pagar una fianza de 25.000 euros en siete días. Joan Josep Nuet quedó en libertad. Forcadell y el resto de la mesa del Parlament son juzgados por el Tribunal Supremo (TS) dada su condición de aforados, mientras que el caso de los exconsellers se juzga en la Audiencia Nacional. En ambos tribunales, la Fiscalía pidió prisión preventiva sin fianza, en la misma línea dura que ha abanderado el fiscal general, Jose Manuel Maza. Sin embargo, a diferencia de su colega de la Audiencia Nacional, el juez del Supremo evitó esta dura decisión. La estrategia de los acusados también fue diferente. En su declaración, Forcadell reculó y se desmarcó de los depuestos miembros del Govern que cumplen prisión preventiva por los mismos cargos que ella. Así, acató la Constitución y la aplicación del artículo 155, y afirmó que la declaración de independencia del 27 de octubre fue «simbólica», sin «validez jurídica», unas declaraciones que forman parte de una legítima estrategia de defensa pero que tienen un profundo calado político, en un momento en que el cesado president, Carles Puigdemont, se niega a acatar el 155 y anuncia desde Bruselas la creación de «estructuras de Estado».

Los dispares criterios demostrados por los jueces de a Audiencia y del Supremo refuerzan los motivos para acumular las causas en un solo tribunal. De hecho, mientras ayer el juez Llarena tomaba su decisión, la jueza Carmen Lamela de la Audiencia Nacional rechazaba el recurso de los exconsellers contra su decisión de encarcelarlos de forma preventiva. El caso es lo suficientemente grave como para que los acusados sean tratados bajo un mismo criterio legal. La decisión del juez también debería servir para acallar a quienes dibujan España como un país sin separación de poderes. El juez Llarena ha tomado una decisión contraria al criterio de la fiscalía y ha optado por unas medidas cautelares menos gravosas que las de la jueza Lamela. En ambos casos, decisiones independientes del poder judicial.