Casi 60 años después de que fueran enterrados sin informar ni pedir permiso a las familias, el lunes empezaron las obras de recuperación de los restos de cuatro víctimas de la guerra civil enterrados en el Valle de los Caídos. Ha sido necesario un largo proceso judicial para conseguir el acceso a esa gran fosa común que es el mausoleo, símbolo de una de las asignaturas pendientes más lacerantes de la democracia española: la recuperación y devolución a sus familias de los restos de las víctimas de la guerra civil que descansan en fosas comunes. Sin embargo, ayer, cuando terminaron los trabajos preliminares, se supo que un Consejo Médico Forense deberá determinar si se pueden exhumar los restos de los hermanos Lapeña del Valle de los Caídos sin manipular los cadáveres de terceros, ya que, en caso contrario, se abriría un nuevo proceso judicial que ninguna de las partes se atreve a pronosticar cuánto se prolongará. La situación se vuelve de nuevo incierta y pone en peligro el objetivo --tantas veces pospuesto por ese pacto de voluntario olvido comprensible hace décadas, pero no ahora--, de ofrecer reparación y, aunque muy tardía, justicia. Las familias de los muertos tuvieron que acudir a la vía judicial, ya que el Gobierno de Mariano Rajoy no se atrevió a derrocar la ley de la memoria histórica, pero sí la deja morir de inanición. Ahora, nuevas trabas podrían convertir la exhumación en imposible.