El fraude alimentario de consecuencias negativas para la salud parece que está bien controlado en la Unión Europea. El riesgo se ha reducido, aunque nunca es cero. Pero ahora se descubre un fraude alimenticio que no afecta a la salud. Según un estudio del instituto vasco Azti, el 50% de los establecimientos de restauración de España engaña a sus clientes, especialmente cuando les sirve platos de pescado y marisco. En algunas especies, como el mero, llega al 100% de los casos analizados y en otros, como el lenguado, supera el 80%. La estafa consiste en cobrar a precio más caro especies menos valoradas en la lonja. Se podría considerar anecdótico, pero con el volumen de facturación de la restauración en España es un fraude multimillonario. Y lo que es peor, una red por la que cualquier día se puede colar de nuevo alguna práctica que sí que resulte perjudicial para la salud humana. Ante estas situaciones lo habitual es reclamar a la Administración que redoble las medidas de control de la cadena alimentaria. Pero también hay que hacer una llamada a la responsabilidad de todos los que participan: productores, distribuidores, mayoristas, transportistas y restauradores. Sin una férrea ley del silencio es imposible un fraude que exige tantas complicidades. Y los consumidores debemos mejorar la cultura alimenticia. En este punto hemos retrocedido, porque hace un par de generaciones era más difícil dar gato por liebre.
