La Junta de Andalucía ha duplicado el último año los expedientes abiertos en Córdoba para desalojar viviendas ocupadas ilegalmente y así poderlas poner a disposición de personas que reúnen los requisitos para acceder a las mismas. No son cifras importantes a primera vista, 54 expedientes, de los cuales 27 se han resuelto favorablemente y se ha recuperado el piso --volviéndolo a alquilar--, pero sí son interesantes si se tiene el cuenta que se han han aumentado mucho los números del año anterior. El parque en alquiler de la Junta en Córdoba es de 5.948 viviendas, y el 90% de los inquilinos tiene una cuota de 60 euros al mes. ¿Cómo con cantidades tan pequeñas, incluso para las economías más débiles, se ha podido suscitar una bolsa de morosos que hace un año afectaba al 43% de las viviendas? Es evidente, como señalan representantes de los colectivos vecinales, que años atrás no hubo desde la Administración un control suficiente, hasta el punto de, por una situación largamente arrastrada, se han creado hábitos de impago difíciles de contrarrestar, y menos en plena crisis. Desde el 2015, hay un encomiable esfuerzo de la empresa pública AVRA por poner al día los datos de los inquilinos, por cursar los procedimientos para desalojar las viviendas ocupadas ilegalmente y por enviar avisos para exigir los atrasos. Y ese esfuerzo está empezando a dar frutos. Porque para que las viviendas sociales cumplan su verdadera finalidad es necesario un control exhaustivo que dé lugar a una adjudicación justa de las mismas. Y velar, tanto inquilinos como Administración, por la conservación de los inmuebles, ya que el deterioro, si no se frena, contribuye a la creación de güetos.
