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Editorial

Las decisiones judiciales y su efecto social

 

03/11/2017

Cuando un asunto entra la vía judicial, los plazos pueden ser más o menos largos --principalmente para garantizar los derechos de los acusados-- pero las alternativas son reducidas. Con todo, y para decepción de los sistemáticamente escépticos con la independencia judicial, ayer vimos cómo los jueces pueden tomar caminos diversos en las causas abiertas por los presuntos delitos de malversación, sedición o rebeldía cometidos por los cargos públicos soberanistas en Cataluña.

Mientras el juez del Tribunal Supremo que instruye la causa contra la expresidenta y parte de la mesa del Parlament accedió a aplazar sus declaraciones dando una semana a las defensas, la jueza de la Audiencia Nacional que ve la causa contra el gobierno cesado de la Generalitat por idénticos delitos decretó prisión incondicional a los ocho exconsejeros que se presentaron a declarar, mientras que a Santi Vila le impuso cárcel eludible con una fianza de 50.000 euros. La decisión está justificada y amparada a derecho y salvo en el ingenuo y casi pueril mundo fantástico de los independentistas era esperable, pero sería muy miope ignorar su impacto social. Los éxitos de la aplicación del artículo 155 desde el pasado sábado se vieron enturbiados por la protesta ciudadana contra los encarcelamientos, que además sirven de caja de resonancia para la estrategia de internacionalización de Carles Puigdemont, que ayer mandó un primer mensaje de condena pero que sigue fugado.

La justicia es y debe ser ciega, pero no por ello insensible al pálpito de la sociedad. Ante la inminente campaña electoral en Cataluña se necesita el máximo sosiego posible y los jueces, sin perder su independencia, deben ser sensibles a ello. Las peticiones de los fiscales eran ayer las mismas en los dos casos y fue el talante de los jueces --sin olvidar las distintas estrategias de los abogados a la hora de pedir un aplazamiento o no, ya que los representantes legales de los ocho exconsejeros no han actuado de la misma manera que los de la mesa del Parlament-- lo que inclinó las balanzas en dos direcciones distintas. Algo de todo ello se podría haber evitado si el impulso de la fiscalía hubiera sido otro, afinando en las figuras delictivas o agrupando todas las querellas en un mismo órgano judicial para unificar criterios. En este caso, es el criterio del fiscal que, como todo su quehacer, está lógicamente sometido a la polémica política.

Ante esta realidad y por la inminencia de unas elecciones sobre las que edificar un nuevo y más sólido escenario institucional en Cataluña el próximo 21 de diciembre, se impone un llamamiento a la sensatez y a la serenidad, tanto de partidos como de instituciones.

La opinión del diario se expresa solo en los editoriales. Los artículos exponen posturas personales.