El juez Pablo Llanera decidirá hoy sobre la petición de libertad presentada por Oriol Junqueras y los otros exconsellers encarcelados junto a los presidentes de Òmnium y la ANC. Sus declaraciones del viernes siguieron el guión de las de Carme Forcadell ante el mismo magistrado: acatamiento del artículo 155 y renuncia a persistir en la vía unilateral que acabó con la suspensión de las instituciones catalanas de autogobierno. Con todo, no quisieron responder a las preguntas de la fiscalía, que siguió pidiendo su permanencia en prisión. A nadie se le escapa lo complicado de esta causa judicial. Malo si quedaban el viernes en libertad, malo si lo hacen hoy justo antes del inicio de la campaña electoral en la que casi todos son candidatos. Y malo si finalmente permanecen en prisión preventiva. Lógicamente, todas estas son cuestiones que nada tienen que ver con la administración de la justicia, que sigue sus pasos ajena a esta realidad, pero resultan casi inevitables ese tipo de consideraciones. Los indicios apuntan a que el juez Llanera optará finalmente por ponerlos en libertad. Puede reconocerles el hecho de que hayan acudido ante la justicia (a diferencia de los huidos a Bruselas), pero debe asegurarse de que no hay riesgo de reiteración delictiva, es decir, que una vez en la calle no van a pretender seguir ejerciendo unos cargos de los que han sido destituidos o haciendo campaña por la DUI. Este es el meollo de la cuestión.
