La contundencia contra el machismo ha llegado al Gobierno. La comparecencia de la vicepresidenta y ministra de Igualdad, la cordobesa Carmen Calvo, ante la Comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados ha desterrado las dudas. La gravedad de la situación requiere un combate frontal contra la violencia y todas las expresiones del machismo.

Cada asesinato es una tragedia, pero el horror de las cifras desnuda su magnitud. 945 mujeres asesinadas desde que, en el 2005, empezaron a contabilizarse como tales las muertes por violencia machista. Cuatro en la última semana. Aunque no sean recogidas por la estadística nacional, el asesinato múltiple ocurrido en la localidad francesa de Pau, donde un hombre ha matado a su mujer, española, a su hijo de 2 años y a sus suegros, también españoles --todos ellos eran originarios de la localidad sevillana de Pilas--, dan la dimensión del problema. La violencia machista no sabe de clases sociales ni de nacionalidades. Es la expresión más letal y radical de una lacra secular que impregna toda la sociedad en el mundo entero. Las mujeres son las principales víctimas, pero demasiadas veces los hijos también se encuentran en la diana, como ha podido comprobarse en estos últimos días. Y si no hay agresión directa, las consecuencias del asesinato de sus madres pesarán sobre ellos toda la vida, convirtiéndolos a su vez en víctimas. El dolor afecta a toda la ciudadanía.

El combate debe librarse en coalición con entidades feministas y con la colaboración de toda la ciudadanía, pero solo tendrá éxito si es apoyado decididamente por las instituciones. Resulta de especial relevancia el anuncio hecho por Carmen Calvo de que se devolverán a los ayuntamientos las competencias en violencia machista y la intención del Ejecutivo de hacer un mayor esfuerzo presupuestario para elevar la cantidad asignada. Son las administraciones locales las que atienden a las mujeres en situación de vulnerabilidad y las que deben contar con los recursos necesarios para ofrecerles protección.

Sin duda, reemprender el pacto de Estado contra la violencia de género es fundamental. También la revisión de algunos mecanismos de protección. Dos de de los últimos acusados de matar a sus parejas tenían orden de alejamiento que resultaron inútiles. La indefensión que producen estas muertes en las mujeres amenazadas es dramática. Por todo ello, es evidente que más allá de las medidas de protección y control debe actuarse sobre la raíz del problema. Una educación en la igualdad y el respeto a la diversidad sexual y de género resultan claves en la concienciación. No solo para contrarrestar la herencia de un sistema patriarcal, sino para combatir las nuevas expresiones del machismo.