Vodafone ha comenzado a cobrar 2,5 euros por cada llamada a su servicio de atención al cliente que sea atendida por un teleoperador para la resolución de determinados trámites, como preguntar por el código PIN.

Fuentes de la operadora han explicado a Efe que la introducción de estas nuevas tarifas se enmarca en su programa de fomento de la autogestión de incidencias por parte del cliente y, además, busca evitar colapsar de llamadas los servicios convencionales de atención.

Los trámites por los que ha comenzado a cobrar por cada llamada al teléfono 123 son, entre otros, preguntar por el código PIN yPUK en caso de que el cliente lo haya olvidado, cambiar la cuenta bancaria de la factura o preguntar por el periodo de permanencia que el cliente todavía acumula en caso de baja anticipada del servicio.

La compañía ha explicado que, pese a cobrar por las citadas llamadas, todos los clientes tienen una opción gratuita para gestionar dichos trámites si lo hacen de forma autónoma a través de diversos canales digitales habilitados, como "Mi Vodafone".

El cobro se produce en los casos de atención personalizada por un operario. "Siempre se avisa al cliente que tiene una opción gratuita para realizar el trámite", han concretado.

La compañía afirma que esta nueva política tarifaria de atención al cliente no se traducirá en una posible reducción de su plantilla de teleoperadores ante un escenario de posible menor demanda de llamadas de atención presencial por el cobro del servicio.

Vodafone señala que las llamadas para estos trámites solo representan el 1,6 % del total en el caso de clientes particulares, y el 2,6 % entre empresas muy pequeñas, por lo que "no tiene sentido" plantear una posible reducción de empleo.

DENUNCIA DE LA OCU

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha considerado que la decisión de Vodafone de cobrar 2,5 euros por cada llamada a su servicio de atención al cliente perjudica en especial a las personas mayores.

"Supone un claro perjuicio para los clientes, siendo los más afectados aquellos en menor medida familiarizados con el uso de internet, como las personas mayores", ha explicado la OCU en un comunicado. La OCU ha denunciado a la empresa ante la Dirección General de Consumo.

La "supuesta mejora en la calidad del servicio a través de la vía telefónica" no se realiza tomando medidas internas para incrementar la satisfacción del usuario, sino "penalizando al cliente y desprotegiendo especialmente a determinados colectivos no usuarios de nuevas tecnologías", ha añadido.

Por su parte, UGT ha recordado en una nota que las operadoras de telefonía tienen la obligación, por ley, de ofrecer a sus clientes un número de teléfono gratuito de atención al cliente.

"Estamos ante un atropello evidente al usuario-cliente de la citada compañía y, además, se añade mayor presión sobre los teleoperadores que atienden las llamadas y que tendrán que asumir las quejas y desahogos verbales de los usuarios", ha añadido este sindicato.