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FRAUDE EN LA UPM

El Supremo eleva a 7,5 años la condena al expresidente de la patronal metal

El tribunal considera culpable a Antoni Marsal por fraude de subvenciones, falsedad en documento mercantil y apropiación indebida

 

Antoni Marsal cuando era presidente de la Unión Patronal Metalúrgica (UPM). - JULIO CARBO

EL PERIÓDICO
17/07/2017

El Tribunal Supremo (TS) ha elevado a siete años y cuatro meses de prisión la condena impuesta al expresidente de la Unión Patronal Metalúrgica (UPM) Antoni Marsal por adueñarse defondos de la entidad, parte de ellos subvenciones públicas para formación, entre los años 2007 y 2012.

Por estos hechos, la Audiencia de Barcelona condenó el pasado mes de noviembre a Marsal a cinco años y diez meses de cárcel, así como a pagar 382.400 euros de multa y a indemnizar a la UPM con 745.045 euros, además de prohibirle optar a subvenciones públicas y a incentivos o beneficios fiscales por un período de seis años.

FRAUDE EN SUBVENCIONES
La sala de lo penal del TS ha elevado ahora la pena de cárcel impuesta al empresario por dos delitos de fraude de subvenciones en concurso, un delito continuado de falsedad en documento mercantil y un delito de apropiación indebida en relación con el cobro de subvenciones para cursos de formación.

La sala segunda ha rechazado los recursos de casación presentados por Marsal y el otro condenado, el exdirector general de la UPMÁngel Hermosilla, que ve confirmada su condena a siete meses de prisión como inductor de un delito de falsedad en documento mercantil.

El tribunal considera probado que Antoni Marsal, que presidió la UPM entre 2006 y 2012, se embolsó a través de varias sociedades superpuestas que controlaba parte de las subvenciones concedidas por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) para planes de formación organizados por la patronal.

Mediante la confección de facturas falsas, el expresidente de la UPM se adueñó de parte de esas ayudas públicas y de otras subvenciones otorgadas por la Generalitat para formaciones sectoriales del sector del metal, destinadas prioritariamente a trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo (ERE).

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