Sólo el 15% de los entes locales que se acogieron al Fondo Estatal para el Empleo y Sostenibilidad Local, la denominada segunda fase del Plan E del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, priorizaron la creación de empleo como criterio para el reparto de las ayudas.
Así figura en el informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas de las actuaciones realizadas por los ayuntamientos con cargo a este fondo, aprobado por el Ejecutivo en octubre de 2009 y dotado con 5.000 millones de euros.
El fondo distribuyó más de 4.850 millones de euros entre 8.075 municipios, 12 mancomunidades, 4 agrupaciones de municipios y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, financiándose 25.262 proyectos de inversión y 5.173 actuaciones de naturaleza social.
El informe explica que los recursos del fondo se distribuyeron atendiendo únicamente al criterio de proporcionalidad de las respectivas cifras de población y sin tener en cuenta otras circunstancias, como las condiciones económicas, niveles de desempleo o al desarrollo o situación particular de cada municipio, tal y como establecía el real decreto que lo puso en marcha.
El Tribunal de Cuentas ha estudiado una muestra de 400 entidades locales beneficiarias del fondo, 643 proyectos de inversión y 84 actuaciones de interés social y ha concluido que únicamente el 15% de las entidades dio prioridad al empleo como criterio de reparto.
Un 27% de las entidades dio prioridad a la financiación de proyectos de inversión, destinando el importe restante a actuaciones de carácter social, y otro 21% adoptó como criterio de distribución gastar el máximo permitido por el decreto ley para actuaciones de interés social y el importe restante para proyectos de inversión.
El informe añade que en los casos en los que se establecieron criterios para la selección de proyectos de inversión, el más utilizado fue el de la valoración de la necesidad pública, muy por encima del criterio de la contratación de trabajadores.
De hecho, este criterio no fue utilizado por las entidades locales como elemento decisorio para la selección de proyectos, ya que únicamente en el 38% de las que realizaron esta selección se incluyó documentación sobre la valoración del impacto sobre el empleo, a pesar de que la creación de empleo fue un objetivo fundamental del fondo.
El 13% de los contratos fue adjudicado a empresas que declararon que crearían un número de empleos inferior a lo que preveía la entidad local.
Únicamente el 31% de los trabajadores que las empresas adjudicatarias se comprometieron a ocupar en la ejecución de los proyectos provenía del desempleo. El 69% restante eran trabajadores ya integrados en la estructura de las empresas.
El informe critica además la demora en el inicio de las actuaciones, la falta de procedimientos y criterios de selección y la toma de decisiones por los responsables políticos sin que se hubieran evaluado adecuadamente diferentes alternativas.
Todo ello, añade, originó que los municipios presentasen para su financiación proyectos que tenían previstos con anterioridad u otros que cumplieran los límites del importe a financiar en cada proyecto y el del total de los fondos autorizados, así como actuaciones de interés social cuya financiación no hubiera quedado asegurada como consecuencia de la reducción de ingresos públicos motivada por la crisis económica.
Respecto al requisito de publicidad que estableciera el origen de la subvención, el Tribunal de Cuentas señala que en 16 de los 576 proyectos financiados no se instaló el cartel anunciador del Plan E.
Agrega que el índice de reutilización de estos carteles fue muy bajo, siendo nuevos el 72 % de los carteles empleados, aunque el coste soportado por las entidades que reutilizaron los carteles fue, aproximadamente, la mitad del de las que adquirieron uno nuevo.
El coste medio de la reutilización de carteles fue de 597,34 euros, mientras que los carteles nuevos costaron, de media, 1.248,65 euros.
El Plan E permitió además ganar a los ayuntamientos un total de 9.863.767,42 euros procedentes de la remuneración bancaria de las 23 entidades donde se abrieron cuentas para la recepción de los fondos. Son los recursos generados gracias al desfase temporal entre la recepción de las ayudas y el abono de las facturas y certificaciones de obra a los adjudicatarios, según el Tribunal de Cuentas.
