Patronales y sindicatos encaran la recta final en las negociaciones para cerrar el cuarto Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC), con la presión del día 30 de junio como fecha límite. La fumata blanca en el conclave entre patronal y sindicatos se ha hecho esperar más de un año y medio, aunque las diferentes partes son optimistas y esperan cerrar este año un pacto que marque como referencia unos incrementos salariales del 2% hasta el 2020, a los que cabe añadir aumentos complementarios del 1% en función de variables como la productividad y los resultados, así como una subida del salario mínimo por convenio hasta los 14.000 euros anuales.
La CEOE tiene programada una junta de directivos el 26 de junio, en la que, previsiblemente, ratificará los últimos puntos que junto a Cepyme y CCOO y UGT se cierren en las reuniones previstas para mañana. Por su parte, los sindicatos trasladaron a lo largo de la pasada semana sendos documentos internos a sus afiliados con los principales aspectos sobre los que estaban avanzando con la patronal. «Todavía no están cerrados, pero andamos cerca», reconocen fuentes presentes en la negociación.
En dichos documentos, aparte de los incrementos salariales que competen directamente y de manera bilateral a las partes, los sindicatos también han desgranado una serie de puntos en los que el Gobierno y la geometría parlamentaria son claves. La moción de censura que ganó Pedro Sánchez y los posicionamientos del nuevo Ejecutivo han tenido un doble efecto. Por un lado, han ralentizado las negociaciones, a la espera de la toma de posesión y de las primeras declaraciones de intenciones, y, por el otro, han dibujado un escenario, «en principio», favorable a los sindicatos, según consideran estos.
Las centrales reclaman al nuevo Gabinete que utilice herramientas como la del decreto ley, entre otras, para derogar aspectos de la reforma laboral aprobada por el PP en el 2012. En ese sentido, la voluntad de recuperar la ultraactividad y la preeminencia de los convenios sectoriales por encima de los de empresa ha cobrado forma en las últimas semanas de las negociaciones, sobre todo después de la reunión convocada por el presidente del Gobierno en la que se les comunicó la intención del Ejecutivo de acometer una reforma laboral a dos velocidades. A partir de ese punto, el intercambio de información y documentos ha sido continuo, explican varias fuentes.
Cuestiones como la reformulación de los contratos de relevo y de los expedientes de regulación de empleo (ERE) y medidas para combatir la alta temporalidad también están siendo debatidas entre las patronales y los sindicatos para llevar, de la manera más consensuada posible, a las comisiones tripartitas.
Si bien la palabra «inminente» ha estado en boca de las diferentes partes durante las últimas semanas, los líderes de la CEOE y Cepyme, Juan Rosell y Antonio Garamendi, respectivamente, y los de CCOO y UGT, Unai Sordo y José María Álvarez, llevan alrededor de un año y medio negociando de forma intermitente para alcanzar este cuarto Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva. De hecho, el año pasado por estas fechas se levantaron de la mesa sin llegar a un acuerdo y el vigente venció en el 2017. Algo que este año no pasará, según han repetido insistentemente los sindicatos: «O hay pacto o habrá conflicto», subrayan.
GESTOS POR AMBAS PARTES / La evolución de las negociaciones ha ido avanzando de manera paralela a los cambios semánticos en el discurso de los implicados. Así, la patronal correspondió hace unos días al gesto de los sindicatos de desconvocar las movilizaciones del pasado 16 de junio sustituyendo el «hasta el 2%», cuando hablaba de los incrementos salariales por un «en torno al 2%». De esta manera, la cifra alcanzada supone un término medio entre ambas posturas, ya que el porcentaje inicial de los sindicatos era del 3,1%, que, dependiendo de la productividad, puede llegar a alcanzarse con las condiciones del acuerdo. Por otra parte, una de las condiciones de inicio de las patronales era introducir dicha variable de la productividad, para adaptar los incrementos dependiendo del funcionamiento concreto de cada empresa.
No obstante, tras más de 18 meses de contactos y con la fecha límite del 30 de junio a la vuelta de la esquina, antes de que el adjetivo «inminente» acompañara casi todas las declaraciones de las partes, las negociaciones alcanzaron momentos de máxima tensión que hacían de difícil prever el acuerdo. El de mayor confrontación fue el pasado 22 de mayo, cuando los sindicatos se concentraron ante las sedes de las patronales en todo el país denunciando el bloqueo de las negociaciones. Algunos secretarios generales de federaciones de UGT amenazaron con una huelga general «pasado el verano».
EN DOS TIEMPOS / Cabe recordar que no todos los temas que se han empezado a tratar en las negociaciones entre los sindicatos y las patronales se cerrarán el próximo 30 de junio, ya que el AENC es un acuerdo no vinculante que actúa más bien como marco de referencia. En esta característica se escudan las partes para poder cerrar los incrementos salariales y continuar puliendo los aspectos de la negociación tripartita.
Estos atañen a cuestiones como las cláusulas de flexibilidad de la jornada, tanto para trabajadores como para empresarios, así como otras relacionadas con diferente materias como la formación de los empleados, la salud laboral, el absentismo y la subcontratación.
