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El futuro del Estado del bienestar 3 El funcionamiento del sistema

Sin hucha y con alza mínima

Un año más, las pensiones suben solo el 0,25% y el Estado toma prestados recursos para poder pagarlas H La reforma aprobada en el año 2013 acabó con la revalorización según el IPC

 

Sin hucha y con alza mínima -

MERCEDES JANSA
14/01/2018

Por quinto año consecutivo, los 8.705.707 pensionistas españoles tendrán un incremento mínimo, del 0,25%, en sus pensiones. Para los que cobren la máxima (2.580 euros al mes), la subida rondará los 6,45 euros; para los que reciban la mínima (788 euros), no llegará a dos euros (1,97), siempre y cuando sea una pensión contributiva porque las asistenciales son más bajas. Esta es la consecuencia de la reforma del sistema de pensiones que aprobó el Ejecutivo de Mariano Rajoy en el 2013 y que lleva el germen de una reducción de las cuantías por dos vías: el factor de revalorización (el 0,25% mínimo y el 0,50 más el IPC como máximo) y el factor de sostenibilidad que entrará en vigor en el 2019.

Esta reforma acabó con una práctica tradicional, la revalorización según el IPC y vinculó la subida de las rentas de los pensionistas a la evolución de las cuentas de la Seguridad Social. Pero desde el 2014, primero con la excusa de la crisis y después por la falta de Presupuestos Generales del Estado, el Gobierno no se ha salido del guión que trazó. Y ello pese a que las cuentas de la Seguridad Social han mejorado y hay más afiliados cotizando por la creación de empleo en los tres últimos años. Pero no son suficientes. Y además, los nuevos jubilados perciben pensiones más altas que cuando estalló la crisis porque como activos tenían mayores sueldos que sus predecesores.

Diciembre pasado se cerró con un aumento de 96.000 pensionistas, 611.146 nuevos cotizantes y la población ocupada sumó 18.460.201 personas. Para hallar una cifra similar hay que remontarse a diciembre del 2008, en vísperas del estallido de la crisis económica. La sostenibilidad del sistema público depende, entre otras cosas, de la ratio entre cotizantes y pensionistas que ahora está en 2,23, la cota más baja desde 1999.

En paralelo ha ido disminuyendo el Fondo de Reserva de la Seguridad Social, la llamada hucha, hasta casi estar vacía. Cuando Rajoy llegó al Gobierno, en el 2011, el fondo tenía acumulados 66.815 millones, y por los recortes presupuestarios se convirtió en la vía de financiación de las pagas extras de los pensionistas. El Ejecutivo prefirió sacar dinero de la hucha a realizar aportaciones vía Presupuestos. Hoy, el fondo solo cuenta con 8.095 millones.

Trasvase del Tesoro

Para paliar este déficit y en la medida en que el pago de las pensiones es una obligación constitucional y un arma electoral de primer orden, el Ejecutivo ha optado por que el Tesoro preste el dinero a la Seguridad Social. En el 2017, trasfirió 10.192 millones, y para este año, aunque los Presupuestos están prorrogados, el trasvase ascenderá a 15.000 millones.

La intensidad de la crisis económica ha demostrado que muchas familias han podido paliar sus efectos por la ayuda de sus mayores. Las pensiones han sido el sostén de hijos y nietos que han ido al paro, han agotado las prestaciones o han estrenado unos sueldos que dan para poco. La previsión de que en los próximos años se va a jubilar la generación del baby boom con sueldos altos ha puesto nerviosos a los políticos, que buscan fórmulas para hacer frente a una situación crítica con un mercado laboral que no logra las cuantías de cotización de antaño.

La comisión del Pacto de Toledo tiene la misión de proponer medidas al Gobierno pero lleva mucho retraso. Este mes, los parlamentarios han decidido reunirse las veces que haga falta y aprobar alguna de las 16 recomendaciones que se les piden. Hay acuerdo en muchas cosas, pero el escollo principal es la revalorización. La oposición ha hecho suya la petición de CCOO y UGT de derogar el factor de revalorización para que la subida se acerque al menos al IPC. Y esa será la pelea de los próximos meses.