El exvicepresidente del Gobierno y exministro de Hacienda Rodrigo Rato defraudó a Hacienda 6,8 millones de euros entre el 2004 y el 2015, según un informe de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) de la Agencia Tributaria al que tuvo acceso del diario 'El País'. Según ese informe, entregado al juez el 23 de enero pasado, las rentas no declaradas en el IRPF superaron los 14 millones de euros en ese periodo, tras evaluar las actividades del entramado de sociedades de Rato, que éste siempre ha negado.

DELITO FISCAL

Tras casi dos años de investigaciones, la policía antifraude concluye que las cuotas presuntamente defraudadas son de un "importe total cercano a los 6,8 millones", superando los 120.000 euros del delito fiscal en todos los años desde 2004 al 2015, salvo en el 2005. Entre el 2009 y 2015, los años no prescritos, "las cuotas ascienden a un importe cercano a los 5,4 millones".

PATRIMONIO NO JUSTIFICADO

La ONIF concluye que el sistema utilizado para el fraude fue mediante "ganancias de patrimonio no justificadas derivadas del tráfico de dinero con el extranjero y no declarado fiscalmente; ganancias de patrimonio sin previa transmisión de rentas, rendimientos de actividades económicas como conferenciante y gastos de la actividad empresarial que no son deducibles".

VERSIÓN DE RATO

Rodrigo Rato niega las acusaciones y ha asegurado a 'El País' que el informe "contiene datos falsos o erróneos que la Agencia Tributaria tenía capacidad para conocer desde tiempo antes porque estaban en sus archivos".

PARAÍSOS FISCALES

Según el informe de la ONIF, en el tráfico de dinero con “las sociedades panameñas Red Rose Limited y Westcastle, la británica Vivaway y la española Kradonara "han sido utilizadas para la ocultación de rentas que han escapado al control fiscal y cuyo beneficiario efectivo ha sido Rato. Las rentas no declaradas ascienden a un importe ligeramente superior a los siete millones. Los países de riesgo utilizados son Luxemburgo, Mónaco, Suiza, Reino Unido y Gibraltar".

VOLUNTAD DE INSOLVENCIA

El informe acaba con el capítulo "Otros delitos", donde recuerda que "con independencia de otros hechos presuntamente encuadrables en el blanqueo de capitales, cuya competencia corresponde por decisión del juez a la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, se ha advertido de la posible existencia de un delito de insolvencia punible", que consiste en el despojo patrimonial del deudor, para evitar pagar a sus acreedores.