Los grupos políticos presentes en la Comisión del Pacto de Toledo para la reforma del sistema público de pensiones han llegado a un principio de acuerdo por el que se recupera el índice de precios de consumo (IPC) como guía para garantizar la evolución de las prestaciones en el futuro, y no solo en el 2018 y el 2019 que se estableció en el compromiso presupuestario entre el PP y el PNV. Después de varias semanas en punto muerto -desde finales de abril- los portavoces parlamentarios en el Pacto de Toledo se volvieron a reunir ayer.

La novedad reside, en primer lugar, en que todos -también el PP- se pusieron de acuerdo en la necesidad de garantizar el poder adquisitivo de las pensiones, lo cual supone el entierro definitivo del índice de revalorización del 0,25% aplicado por el Gobierno del PP en los últimos años. La segunda novedad reside en el principio de acuerdo para que esa garantía del poder de compra se haga de acuerdo con el IPC «como guía principal», según resumió la portavoz socialista, Mercè Perea.

Los grupos políticos del Pacto de Toledo ya avanzaron en un acuerdo de este tipo en abril. Después, el anterior Gobierno del PP y el PNV llegaron a un pacto para aplicar la subida del IPC a las pensiones en el 2018 y el 2019 con el fin de tranquilizar el debate -crispado por las manifestaciones de los pensionistas- y dar tiempo a los grupos políticos a alcanzar un acuerdo con la mirada puesta en el medio y el largo plazo. Ahora, los grupos parecen haber recuperado el consenso de abril, aunque con algunos puntos de disenso.

Las discrepancias se mantienen cuando se trata de acordar qué hacer en tiempos de crisis y recesión como los atravesados por la economía española recientemente. La propuesta de redacción que ha puesto sobre la mesa el letrado de la comisión parlamentaria, recogiendo el tono de los debates previos, alude a la posibilidad de que en periodos de recesión se garantice el poder de compra de las pensiones más bajas pudiendo acordar sacrificios para las más altas, dentro del diálogo social.

Los representantes de PSOE y de Unidos Podemos rechazan que el Pacto de Toledo abra la puerta a una eventual pérdida de poder adquisitivo de las pensiones más altas en tiempos de crisis. «No queremos confrontar a los pensiones entre ellos», opinó Perea. PP, Ciudadanos y PDCat, por su parte, sí son partidarios de incorporar algún mecanismo flexible que pudiera ser modulado por el Gobierno de turno de acuerdo con los agentes sociales.

«En tiempos de crisis hay que garantizar el poder adquisitivo de las pensiones más modestas, que es algo más que las pensiones mínimas», defendió Carles Campuzano, del PDCat. «Pero en esas circunstancias, las más altas deberían hacer un esfuerzo que pudiera ser compensado luego, cuando se recupere el ciclo de la economía», añadió. En resumen: «que el mantenimiento del poder adquisitivo sea durante el ciclo vital del pensionista», con la posibilidad de altibajos en el trayecto.

«De cara al contrato social entre jóvenes y mayores es muy peligroso transmitir que en tiempos de crisis se va a mantener el poder adquisitivo para todos», abundó el portavoz de Ciudadanos Sergio del Campo. Desde su punto de vista, la fórmula propuesta por el letrado de la comisión para su debate «deja margen a todos» para manejar futuras circunstancias según la coyuntura política y económica.

La propuesta de redacción que está sobre la mesa, incluye un primer apartado que suscita consenso político y que dice así: «La Comisión coincide en la necesidad de establecer un mecanismo anual de revalorización de las pensiones que tenga como cometido básico garantizar el poder adquisitivo de los pensionistas que tenga en cuenta de manera medular en su configuración la evolución de IPC».

LOS PUNTOS DE CONFLICTO / Las discrepancias de PSOE y de Unidos Podemos afectan al párrafo que da continuidad al citado anteriormente y que dice así: «En vista además de los anteriores años de la crisis económica, la Comisión considera que dentro del marco pertinente del diálogo social, dicho mecanismo podría incorporar otras variables tales como la evolución del PIB, de los salarios y las cotizaciones a la Seguridad Social con el objetivo de adaptar su aplicación al ciclo económico protegiendo el poder de compra de las pensiones más bajas en tiempos de recesión y facilitando mejoras del conjunto de los pensionistas en momentos de crecimiento económico».

Los parlamentarios volverán a reunirse la semana próxima para buscar un pacto que podría reflejar solo el contenido del primero de los párrafos.