La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, calificó ayer de «magnífica noticia» la «flexibilización por parte de la Comisión Europea» de los objetivos de déficit público para España para el ejercicio actual, y para el 2019, el 2020 y el año 2021. «Se trata de una magnífica noticia que nos permitirá conjugar estabilidad presupuestaria con un crecimiento sostenible y el impulso a la agenda social» que se plasmará en los Presupuestos del 2019, según dijo Montero en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros.
Según lo avanzado el pasado jueves en Bruselas por la ministra de Economía, Nadia Calviño, tras reunirse con el comisario de Asuntos Económicos, Pierre Moscovici, el objetivo de déficit para el 2018 se eleva en medio punto, desde el 2,2% al 2,7% del Producto Interior Bruto (PIB). También sube medio punto el objetivo del 2019, desde el 1,3% al 1,8%. El nuevo objetivo de déficit público para el 2020 se sitúa en el 1,1% (frente al 0,5% previo) y para el 2021 se establece como meta un déficit del 0,4% en lugar del superávit anterior, explicó la titular de Hacienda tras el consejo de ministros.
Según Montero, los nuevos objetivos evitarán «un ajuste drástico» de 11.000 millones de euros, que el Gobierno se habría visto obligado a acometer en el 2019 para cumplir con la senda anterior. Este tijeretazo, según la ministra, «hubiera limitado el marco de acción del Gobierno, con un impacto de medio punto de menor crecimiento del PIB y pérdida de empleos». Por el contrario, la nueva senda decidida y comunicada a Bruselas «otorga un mayor margen fiscal en estos ejercicios para apuntalar el crecimiento económico e impulsar las políticas sociales», todo ello con un ritmo «más adecuado» de la reducción del déficit.
AUTORIDAD FISCAL / La ministra Montero desveló que el nuevo Gobierno de Pedro Sánchez encargó hace unas semanas un estudio a la Autoridad Fiscal Independiente (Airef) sobre la viabilidad de los objetivos de déficit del Gobierno anterior. El informe confirmó «la sospecha» de que el déficit del 2018 y el 2019 se iba a situar por encima de lo que el Ejecutivo de Mariano Rajoy comunicó a Bruselas en abril. Según la Airef, sin cambios en la política económica, el déficit del 2018 se situará en el 2,7% y el del 2019, en el 2,2%.
«El Gobierno se encontró con unos Presupuestos elaborados por el anterior Ejecutivo que no respetaban las reglas fiscales pactadas con Bruselas, tal como habían advertido diversas instituciones», relató Montero. Con el informe de la Airef en la mano, la ministra Calviño avanzó en unas «negociaciones» con el comisario Moscovici que, según desveló Montero, comenzaron «casi desde el primer día» del nuevo Gobierno y que han culminado con la nueva senda de déficit.
La ministra de Hacienda aclaró algunas dudas sobre las subidas de impuestos anunciadas por su departamento que deben entrar en vigor a partir del 2019. «En los próximos días» -dijo- Hacienda presentará en el Congreso de los Diputados un proyecto de ley para la creación de la conocida como tasa Google con el fin de gravar determinadas actividades digitales, tales como la inserción publicitaria o la intermediación de plataformas de la llamada economía colaborativa.
También se avanza en el diseño de un nuevo gravamen sobre «las transacciones» del sector financiero. Además, Montero precisó que la aplicación de un tipo mínimo de gravamen en el impuesto de Sociedades y la «simplificación de deducciones» se aplicará en exclusiva sobre el colectivo de «grandes sociedades y grandes corporaciones», con facturación anual por encima de los ocho millones de euros. «La subida excluye a las pequeñas y medianas empresas», aclaró la titular de Hacienda .
En relación al objetivo de equiparar la fiscalidad del diésel a la más gravosa de las gasolinas, la ministra Montero aludió a una subida «progresiva» que, en todo caso, dejará fuera a transportistas profesionales y autónomos. «No se trata de igualar de un día para otro el precio del diésel al de la gasolina, sino de ir progresivamente para disuadir a los ciudadanos de su utilización», precisó.
EL ‘PLUS’ DEL 0,25% / En su reunión de ayer, además, el Consejo de Ministros aprobó la subida adicional del 0,25% en los sueldos de los empleados públicos acordada con los sindicatos de la Función Pública el pasado mes de marzo y recogida en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para este año.
Este plus se deriva de haber alcanzado un crecimiento del PIB del 3,1% en el 2017 y, según Montero, «tendrá efectos desde el 1 de julio». El plus del 0,25% se suma a partir de julio a la subida acordada del 1,5% que sí tiene efecto desde el 1 de enero (1,75% en total). Los atrasos se abonarán con una próxima minipaga extra.
