Con cuatro años de retraso, el Gobierno parece tomarse ya en serio el inicio de la negociación del nuevo modelo de financiación autonómica. El contraste entre la aprobación exprés del cupo vasco esta semana ha suscitado todo tipo de recelos entre gobiernos autonómicos del PP y del PSOE que han exigido al Ejecutivo de Mariano Rajoy que aborde sin más demora el problema de su insuficiencia de recursos.
El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha anunciado que la negociación política comenzará “en semanas” con el objetivo de lograr un acuerdo “en los primeros meses del 2018” de modo tenga ya efectos el año próximo, previa incorporación al proyecto de Presupuestos del Estado que el Gobierno espera poder tramitar en el Parlamento. Todo ello, pendiente de que la situación política en Cataluña se encauce tras las elecciones del 21-D.
VIENTOS A FAVOR
En enero, Mariano Rajoy se comprometió ante la Conferencia de Presidentes Autonómicos a culminar la reforma en el 2017. Ya entonces Rajoy lanzó el aviso de que no había que hacerse muchas ilusiones pues, según dijo, la recaudación del Estado aún estaba 20.000 millones por debajo de la del 2007.
Desde entonces ha pasado casi un año y el ministro Montoro ha podido adelantar este miércoles en el Congreso de los Diputados una mejora de la recaudación que va a permitir terminar el año en torno a los 200.000 millones, “que viene a ser la misma cifra de ingresos tributarios que tuvimos en el año 2007”, antes de la crisis. Este dato señala el punto de partida que permitirá “plantear una revisión de la financiación autonómica”.
La mejora de la recaudación es clave para poder iniciar una negociación sin tensiones añadidas. Además las cuentas de las comunidades parecen encauzadas. Se prevé que, en conjunto, las autonomías van a cumplir su objetivo de déficit del 0,6% del PIB este año. También Cataluña podrá cumplir y algunas autonomías incluso lograrán superávits.
A todo ello ayuda que las autonomías están recibiendo en el 2017 del sistema de financiación casi 5.400 millones más que el año anterior gracias a la recuperación económica. Y para el 2018 se prevén 4.000 millones más que en el 2017.
EVITAR PONER MÁS RECURSOS
Hacienda quiere aprovechar esta bonanza para abordar la negociación bajo la premisa de que el Estado no pondrá más dinero sobre la mesa y que lo que habrá que hacer es acordar otros criterios de distribución a favor de las comunidades infrafinanciadas.
Valencia despunta como la peor financiada (1.798 euros por habitante, con datos del 2014), por debajo de la media estatal de 2.171 euros y muy lejos del dato del País Vasco (4.654 euros). El presidente valenciano, el socialista Ximo Puig, insiste en que el nuevo modelo de debería incorporar la aportación de Euskadi y Navarra al fondo de solidaridad interterritorial, como hacen las demás autonomías.
La financiación homogénea por habitante en Cataluña también se sitúa por debajo de la media (1.922 euros). Cataluña, la segunda comunidad en ingresos fiscales, queda relegada al puesto número 13 en ingresos por habitante rompiendo así lo que se conoce como ‘principio de ordinalidad’. En Cataluña, además, se esgrime el hecho de que las balanzas fiscales reflejan que la comunidad aporta al Estado unos 9.900 millones más del gasto estatal que recibe.
El total de la financiación autonómica de régimen común ronda los 100.000 millones. Está por ver si Montoro logrará su objetivo de negociar un nuevo modelo evitando poner más dinero sobre la mesa. Para evitar la existencia de ganadores y perdedores en cada revisión del modelo el Estado siempre ha acabado poniendo más dinero sobre la mesa. En el 2009, el Gobierno de Rodríguez Zapatero tuvo que poner 11.500 millones adicionales. Algunos expertos han sugerido la posibilidad de condonar parte deuda que las autonomías tienen con el Estado a través del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) como una vía de favorecer el acuerdo sin tener que aportar nuevos recursos.
ESPERANDO A CATALUÑA
De momento, los trabajos preparatorios avanzan en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), con la labor de los técnicos designados por todas las comunidades. Todas, menos Cataluña. La comunidad rehusó a principios de año enviar un representante a la comisión de expertos y ahora tampoco lo tiene en la comisión técnica del CPFF. “No se puede avanzar en ninguna propuesta de reforma sin contar con la opinión de Cataluña”, explican fuentes oficiales para justificar que el debate sobre el nuevo sistema no pueda arrancar antes del 21-D y la posterior formación de un gobierno autonómico.
