El Gobierno aprobará hoy el nuevo Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, que contempla ayudas al alquiler y a la compra para menores de 35 años y facilita el acceso a la vivienda tanto en régimen de alquiler como de compra en las zonas afectadas por la despoblación rural. En el caso del alquiler, se subvencionará hasta el 50% de la renta mensual en rentas de hasta 600 euros, que pueden ascender a 900 en casos justificados. Para la diferencia entre 600 y 900 euros se subvencionará solo el 30%. El beneficiario no podrá ser propietario de una vivienda en España y la alquilada deberá ser su residencia habitual durante el periodo de la ayuda (hasta tres años).

El programa supone un cambio importante con respecto al plan anterior, en el que las ayudas se contemplaban tan solo para familias en situación de vulnerabilidad. En este nuevo plan se incorporan excepciones respecto al umbral de la renta para acceder a las ayudas. Ascenderá a cuatro veces el IPREM (30.078,36 euros) en los casos de familia numerosa y hasta cinco veces (37.597,95 euros) en los casos de familia numerosa con algún miembro con una discapacidad de al menos el 33%.

El nuevo plan, si bien estará enfocado al alquiler, también contempla una ayuda a la compra de vivienda de hasta el 20% del precio del piso que se adquiera (con un máximo de 10.800 euros) para jóvenes de menos de 35 años e ingresos inferiores a tres veces el IPREM en los municipios de menos de 5.000 habitantes. En España hay 6.353 localidades que cumplan los requisitos, según cuantifica Fomento. Una modificación que pretende evitar la despoblación de las zonas rurales, lo que, sin embargo, se pone en duda por parte de los expertos.

AYUDAS PARA MAYORES / En cuanto al alquiler, las medidas también se dirigen a mayores de 65 años y personas afectadas por desahucios, que podrán recibir hasta el 50% del importe del alquiler de un piso. Además, esta ayuda se podrá pedir para viviendas que supongan rentas mensuales de hasta 900 euros, frente al máximo de 600 euros fijado en el anterior plan. Las personas afectadas por desahucio contarán con hasta 400 euros al mes para pagar un alquiler, y los mayores podrán contar también con ayudas de hasta 200 euros mensuales para atender el pago de facturas de suministro (agua, luz, gas o de comunidad).

El plan se completa con iniciativas dirigidas a la promoción de viviendas para alquiler y para la rehabilitación de pisos y zonas urbanas. Promotores y empresas inmobiliaria contará con subvenciones de hasta 300 euros por metro cuadrado útil con el límite del 40% de la inversión y de 31.500 euros por vivienda. El requisito será que los inquilinos tengan ingresos de hasta 4,5 veces el IPREM (33.838,15 euros) y que el precio máximo sea de siete euros mensuales por metro cuadrado útil.

Críticas del psoe / El plan, sin embargo, ha recibido críticas por parte de la oposición y de algunas administraciones. La secretaria de ordenación territorial y políticas públicas de vivienda del PSOE, Beatriz Corredor, cree que el nuevo proyecto es una pérdida de oportunidad para actualizar las políticas de vivienda en España y que el Ejecutivo muestra en él que «vive en un mundo paralelo, ajeno a las necesidades de vivienda de la sociedad».

En concreto, Corredor consideró que el proceso de elaboración del plan ha ido «de mal en peor» y afirmó que el Gobierno del PP no ha tenido en cuenta que el país se encuentra sumido en una escalada de precios «imparable» y con miles de inquilinos expulsados de sus hogares por el vencimiento de los contratos provocado por la reforma de la ley de arrendamientos urbanos de 2013.

Por su parte, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha exigido al Gobierno «rectificar o modificar» el plan, porque «fomenta la especulación» y potencia el problema de la emergencia habitacional. Como en otras ciudades de España, la alcaldesa ha presentado un manifiesto en que los ayuntamientos denuncian que el plan ignora las reivindicaciones de los gobiernos locales.