Unas 88.000 familias en riesgo de exclusión se han beneficiado de las medidas puestas en marcha por el Gobierno para proteger a los hipotecados, que han permitido evitar más de 27.800 desahucios y asignar más de 9.000 viviendas a los colectivos más desfavorecidos, según los datos que maneja el Ministerio de Economía y que ha dado a conocer este miércoles en un comunicado. El número de hogares que han podido reestructura sus hipoteca asciende a 51.071, y la banca ha aceptado que 7.456 familias entregaran las llaves de su casa para saldar su deuda, lo que se conoce como dación en pago.
En estos cinco años, el Código de Buenas Prácticas promovido por el Ejecutivo y al que se acogió buena parte del sector financiero, ha permitido que en 43.607 ocasiones los bancos hayan modificado las condiciones de pago de la hipoteca para hacerla más llevadera. En otros ocho casos, los bancos han optado por aplicar una quita como la forma más útil de aliviar la carga a los hipotecados, atendiendo a las recomendaciones que impulsó el Gobierno.
Pero además de quitas, reestructuraciones de la hipoteca y daciones en pago, 9.000 familias han conseguido un alquiler a precio reducido de una de las viviendas que la banca aportó para constituir el Fondo Social de Vivienda y se han suspendido 27.800 desahucios.
Al margen de estos datos, el ministro de Economía, Luis de Guindos, ha señalado en el Congreso que la reducción de las ejecuciones hipotecarias sobre vivienda habitual (un 60% menos entre julio y septiembre respecto a un año antes) "está siendo espectacular". De Guindos achaca esta reducción en gran medida a las iniciativas puestas en marcha por el Ejecutivo desde el 2012 para proteger a los deudores hipotecarios más afectados por la crisis y a la "vigorosa recuperación económica, caracterizada por una intensa creación de empleo".
Código para frenar desahucios
El Código de Buenas Prácticas fue una de las medidas estrellas del ministro de Economía para frenar el drama de los desahucios a poco de llegar al Gobierno, pues se firmó en marzo del 2012 con la práctica totalidad de los bancos. El Ejecutivo impulsó este código inicialmente durante dos años para las entidades firmantes, con el objetivo de dar solución a las familias con dificultades para pagar sus hipotecas por estar en paro o directamente sin ingresos.
Se establecieron tres opciones -renegociación de plazos y cuotas con las entidades o reestructuración de la deuda, quitas y dación en pago-, con periodos de carencia, amortización hasta 40 años, reducción del tipo de interés aplicable a euríbor más 0,25 puntos e incluso la posibilidad de permanecer en la vivienda mediante el pago de un alquiler reducido.
Se definió también el umbral de exclusión o condiciones para poder acogerse a estas medidas, pues se estableció que fuera primera y única vivienda y que todos los miembros de la familia carecieran de rentas derivadas del trabajo o actividades económicas.
Además, la cuota hipotecaria debía ser superior al 50 % de los ingresos netos percibida por el conjunto de los miembros de la unidad familiar, que debía carecer de bienes patrimoniales con los que hacer frente a la deuda.
