Entre 250.000 y 300.000 empleados públicos podrán consolidar su plaza en los próximos tres años como consecuencia del acuerdo para reducir la temporalidad firmado hoy por los sindicatos CSIF, CCOO y UGT y el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que no crea nuevo empleo, y por tanto, no supone aumento de gasto, sino que regulariza la gran bolsa de interinidad que tienen todas las administraciones y que ha sido puesta en cuestión por los tribunales.
El acuerdo deberá ser ratificado esta tarde por las comunidades autónomas y los ayuntamientos, que son los que deben poner en marcha el proceso de estabilidad del empleo. Para ello, este viernes elConsejo de Ministros aprobará un decreto para que se celebren en breve oposiciones para que los actuales internos consoliden sus plazas. Las oposiciones se dirigirán de forma prioritaria al sector deenseñanza para que los afectados se incorpore a las plantillas al inicio del próximo curso escolar.
El acuerdo tiene por objetivo que la temporalidad baje del 20% al 8% y afectará al 90% de los empleados que actualmente realizan su trabajo de forma interina. El resto de las plazas probablemente se abran a concurso libre.
Además de enseñanza, sanidad y justicia son los sectores con más trabajadores interinos. Las cifras varían y ni el Gobierno ni los distintos sindicatos, ni las administraciones autonómica y municipal son capaces de dar una cifra exacta ni idéntica. Como aproximación CCOO señala que en Sanidad hay 144.111 interinos, en educación, 109.78, y en justicia, 9.515. En total, suman 263.411, de los que 237.070 (el 90%) verían consolidad su plaza al final del trienio.
SALARIOS Y JORNADA
El Gobierno y los sindicatos no han logrado un acuerdo en materia desalarios, por lo que el proyecto de Presupuestos del Estado para este año que aprobará el Consejo de Ministros este viernes, recogerá el incremento del 1% que propone el Ministerio de Hacienda.
El departamento de dirige Montoro aún no ha decidido la forma de pago, que probablemente sea de una sola vez en el mes de julio, ya que hay que esperar a que los Presupuestos sean aprobados por las Cortes en junio.
Pese a que por primera vez desde la crisis el Ejecutivo ha flexibilizado la negociación en la función pública, el acuerdo no ha sido posible en los temas de derechos laborales. Por ello, los empleados públicos aun no recuperarán la jornada de 35 horas que tenían antes de los recortes que impuso el PP en el 2011. Tampoco se les suprimirán los descuentos en las nóminas por baja laboral.
