Los liquidadores de la aseguradora belga Apra Leven, en la que participaba el antiguo accionista de Fortia Vida, Eduard Pascual; han denunciado que la Audiencia Nacional ha bloqueado sus activos inmobiliarios en España, lo que les impide pagar a unos 4.700 asegurados belgas y españoles parte de lo que les corresponde por sus coberturas.
La compañía, en liquidación desde el 2011, adeuda a este colectivo unos 100 millones de euros, pero solo espera poder liquidar unos 60 o 65 millones, ya que muchos de los activos inmobiliarios de la sociedad en España y Rumanía han reducido su valor. Los asegurados españoles son titulares de pólizas de prejubilación por unos 50 millones mientras que los belgas tienen por el mismo valor seguros de vida y otras coberturas incluso ligadas a hipotecas.
En una rueda de prensa en Barcelona, los liquidadores han anunciado que la próxima semana presentarán un recurso contra esta decisión ante el Tribunal Constitucional. En función del resultado no descartan llevar el caso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE) al entender que la medida de congelación de activos es "contraria a Derecho".
IR HASTA EL FINAL
"Deseamos, por el bien de los asegurados, continuar luchando, incluso ante los tribunales europeos. Iremos hasta el final", ha declarado Claude Desseille, uno de los liquidadores nombrados por la Comisión Bancaria, Financiera y de Seguros de Bélgica.
La decisión de la Audiencia Nacional se ha producido en el ámbito del procedimiento penal abierto por la justicia española contra los exdirigentes de la mutua de seguros Fortia Vida, que se encuentra en liquidación desde finales de 2009. Los máximos responsables de Fortia Vida, con Eduardo Pascual al frente, eran a su vez los principales accionistas de Apra.
Entre los años 2008 y 2009, cuando se acercaba la liquidación de la mutua catalana, sus directivos traspasaron el 40% de su cartera de clientes a Apra Leven, una operación que la justicia española valora como un intento de "vaciar" el balance de Fortia Vida y descapitalizarla en beneficio de Apra. Los liquidadores de Apra entienden que esos activos, que recibieron con sus correspondientes obligaciones, son "inembargables" de acuerdo con la ley belga y la directiva europea.
INMUEBLES POR OCHO MILLONES
En el marco de este bloqueo por el proceso judicial abierto a Fortia Vida, la Audiencia Nacional ha decretado el embargo de los activos inmobiliarios gestionados por Apra en España, que están situados en Barcelona y tienen un valor de unos 8 millones de euros.
El abogado de Apra en Bélgica, Jean Pierre Brusselers, ha subrayado además que la transferencia de esta cartera se produjo cuando Fortia Vida ya estaba bajo el control de las autoridades españolas, por lo que "solo se pudo hacer con su consentimiento tácito". Unos seis meses después esta compañía entró en liquidación.
DEUDA DE ANDALUCÍA Y DEL CONSORCIO DEL SEGURO
Además de este frente, Apra tiene abierta una reclamación por la vía administrativa contra la Junta de Andalucía por el adeudo de 36 millones de euros en concepto de primas de seguro impagadas. También exige otros 14 millones de euros al Consorcio de Compensación de Seguros, la entidad encargada de la liquidación de Foprtia Vida.
Con el embargo de los bienes y con este monto de 50 millones de euros pendiente de cobrar, "los administradores no pueden hacer nada para avanzar en la liquidación", ha denunciado Claude Desseille, acompañado por el también liquidador Dries Goyen y por el abogado de Apra en España, Bernardo del Rosal, represnetante de Clifford Chance.
Los damnificados por el proceso de liquidación de Apra Leven son unos 3.000 asegurados belgas y otros 1.700 españoles, que por el momento solo han cobrado el 20 % del total del adeudo, unos 30 millones de euros.
