La Audiencia Nacional ha enviado este lunes a prisión a los cinco exdirectivos de Novacaixagalicia condenados a dos años de prisión por las indemnizaciones millonarias (22 millones de euros) que se concedieron a sí mismos en el año 2010, en pleno proceso de fusión de las dos cajas que dieron lugar a la institución y tras pedir 1.162 millones de euros de ayudas al Estado por la inviabilidad de la entidad. La sección Tercera de la Sala de lo Penal ha denegado la suspensión de la condena, una vez que el Tribunal Supremo la confirmó el pasado mes de septiembre. Se trata de los primeros banqueros que van a la cárcel por sentencia firme desde que estalló la crisis financiera.
La Audiencia Nacional ha valorado la gravedad de los hechos y que el propio Supremo, en su sentencia de septiembre, considerara benévola la pena de dos años impuesta a tres exdirectivos, José Luis Pego, Gregorio Gorriaran, Óscar Rodríguez Estrada, al expresidente de Caixa Nova Julio Fernández Gayoso y al asesor jurídico, Ricardo Pradas. Además, para acordar el ingreso en prisión, la Sala ha tenido en cuenta también que los condenados no han devuelto el dinero que se fijó en sentencia y que tienen todavía causas pendientes con la justicia.
Alonso, Gorriarán y Rodríguez Estrada, según el Supremo, se prepararon las prejubilaciones millonarios "ante la previsión de que la entidad iba a prescindir de sus servicios de forma inminente", mientras que Fernández Gayoso (expresidente de Caixa Nova) y el asesor jurídico Ricardo Pradas Montilla, fueron "cooperadores necesarios" del delito. El alto tribunal consideró "desproporcionada" la pena de dos años de cárcel, pero no por su exceso al alza como alegaron las defensas, "sino claramente por su exigüidad desde la perspectiva de la gravedad de las conductas". De hecho, lamentó que no podía establecer penas mayores al no haber sido cuestionada la sentencia en ese extremo.
Pego mejoró su contrato en 7 millones de euros, Gorriarán en 4 millones, y Rodríguez Estrada en 225.400 euros. "A ello hay que sumar que los dos primeros intervinieron en la administración de Caixa Nova, que había quedado en serias dificultades de viabilidad y práctica insolvencia, de modo que para hacer viable la fusión bancaria en la que se incluyó el FROB tuvo que aportar más de 9.000 millones de euros del erario público", destacó el Supremo.
PRIMERA CONDENA
La Audiencia Nacional condenó a los exejecutivos en octubre del 2015 por un delito de administración desleal en concurso con uno de apropiación indebida, en su modalidad de gestión de administración desleal por el cobro indebido de prejubilaciones millonarias. Además de la pena de cárcel, se les impuso una multa de diez meses con una cuota diaria de 250 euros y inhabilitación especial para el empleo durante el tiempo de la condena.
Según la Sala, las condenas obedecen a que "estamos ante una entidad que valía 181 millones de euros y tuvo que provisionar 29,9 millones de euros y abonar más de 24 millones de euros como consecuencia de los nuevos contratos de alta dirección, una cantidad que en el fondo la abonó íntegramente el FROB, organismo público que posibilitó que NCG subsistiera gracias al dinero público inyectado”.
CAMBIO DE BENEFICIARIO
El pasado septiembre, el Tribunal Supremo confirmó la condena de dos años de prisión impuesta a los exdirectivos, pero anuló la responsabilidad civil establecida por haberla calculado la Audiencia Nacional sumando lo solicitado en penas que debían aplicarse alternativamente. El Supremo también corrigió a la Audiencia en lo relativo al destinatario de la indemnización en beneficio de Abanca, la entidad financiera sucesora del banco gallego, que fue comprado al Estado en el 2013 por el grupo venezolano Banesco por 1.000 millones.
El tribunal de instancia había decidido que fuera el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), que inyectó más de 9.000 millones de euros en el saneamiento de las cajas tras su fusión, sin percatarse de que tanto fiscalía como las demás acusaciones solicitaron que fuera “la entidad financiera sucesora en los derechos y obligaciones de Novacaixagalicia”.
Atendiendo a lo ordenado por el Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional declaró el pasado octubre la nulidad de las pólizas de aseguramiento que se establecieron a favor de José Luis Pego, Óscar Rodríguez Estrada y Gregorio Gorriarán a raíz de la celebración de los contratos de alta dirección de 2010 que afectaban a cada uno de los acusados. Los dos primeros deberán indemnizar, como responsables civiles directos, a Abanca, con las cantidades de 6.476.237 euros, el primero de ellos, y con 3.969.349,31 euros el segundo. Los demás acusados han sido declarados responsables civiles solidarios, por lo que tendrán que hacer frente a las cantidades fijadas para sus compañeros que no abonen.
