Los pensionistas y los funcionarios se han convertido en dos de los principales colectivos que han salido perjudicados con la subida de la inflación del 1,2% en el 2017. Los jubilados acabarán el ejercicio con una pérdida de poder adquisitivo de un punto, mientras que los empleados públicos se han dejado 0,20 puntos por la diferencia entre el incremento de sus retribuciones y el índice de precios de consumo (IPC).

La inflación anual cerró el 2017 con un 1,2% según el indicador adelantado elaborado por el Instituto Nacional de Estadística (INE). La cifra de cierre del IPC de diciembre supone una moderación de la tasa anual de cinco décimas, ya que en el mes de noviembre esta variación fue del 1,7%. El IPC subió el 0,1% en diciembre en relación al mes anterior, pero redujo su tasa interanual cinco décimas, hasta el nivel más bajo del año. En el dato de diciembre tuvo una especial repercusión la subida de los precios de los carburantes (gasoil y gasolina) por debajo del nivel del 2016.

VARIOS AÑOS DE PÉRDIDAS

A pesar de esa suavización en el último mes del año, los pensionistas y los funcionarios encadenan otro año de pérdida de poder adquisitivo debido a los recortes presupuestarios iniciados durante la crisis. En el caso de los pensionistas, la pérdida de poder de compra acumulada desde el 2010 llega a unos 2.300 euros en el conjunto de España. El retroceso se debe a los recortes iniciales del gasto público y al nuevo sistema de revalorización por el cual se aplica una subida mínima del 0,25% debido a la situación de déficit que arrastra la Seguridad Social.

El Consejo de Ministros aprobó ayer la revalorización de las pensiones en un 0,25% para el 2018, por quinto año consecutivo, desde 707,6 euros mensuales a 735,9 euros al mes. La pensión mínima de jubilación de una persona con 65 o más años y cónyuge a cargo pasará de 786,86 euros al mes por 14 pagas a 788,9 euros mensuales. Los que no tengan cónyuge cobrarán un mínimo de 639,3 euros, frente a los 637,7 euros de este año, mientras que los que tienen cónyuge pero no a cargo percibirán 606,7 euros mensuales (ahora son 605 euros).

Las pensiones mínimas de jubilación para los menores de 65 años con cónyuge a cargo subirán desde 737,5 euros al mes por catorce pagas hasta 739,5 euros, y las de los menores de 65 años sin cónyuge ascenderá a 598 euros, frente a los 596,5 euros mensuales de este año.

Los funcionarios han visto cómo sus sueldos, a los que se aplicó una subida del 1% este año, se han quedado 0,20 puntos por debajo de la inflación y empezarán el ejercicio 2018 con malas perspectivas debido a la congelación que supone la falta de Presupuestos del Estado. El Gobierno había previsto un nuevo sistema de revalorización de los sueldos públicos con una parte fija y otra variable en función de la evolución del Producto Interior Bruto (PIB) que llegaba a un máximo del 7,25% hasta el 2020. Para el 2018, la previsión era una subida mínima del 1,5% y una variable del 0,5%.

GANANCIAS EN LOS CONVENIOS

Lo que sí subió por encima de la inflación fueron los sueldos pactados en los convenios colectivos, aunque únicamente 0,23 puntos más teniendo en cuenta la última cifra de incremento salarial medio hasta noviembre, que fue del 1,43%. Sin embargo, 457.000 empleados que se rigen por convenios de empresas sí han acabado el año con una pérdida de poder adquisitivo ya que sus sueldo suben un promedio del 1,13%.

El Salario Mínimo Interprofesional (SMI) ganó 6,8 puntos de poder adquisitivo en el 2017 gracias a la subida del 8%. El Gobierno aprobó ayer un decreto con la subida del 4% del SMI para el 2018 fruto del acuerdo con sindicatos y empresarios, que situará la cantidad en 735,9 euros mensuales por 14 pagas o lo que es lo mismo, en 10.304,1 euros anuales. La subida es el primer paso previsto en el acuerdo con el Gobierno, que prevé un incremento progresivo del salario mínimo hasta los 850 euros en el 2020 si la economía española crece un 2,5% anual o más y se crean un mínimo de 450.000 e,pleos cada ejercicio.

El Consejo de Ministros también aprobó un incremento del 5,26% en la aportación de la Administración General del Estado a las ayudas que reciben las personas en situación de dependencia. Esta aportación del Estado a las ayudas sumará más de 1.300 millones de euros en el 2018 e irá destinada a las comunidades autónomas.