Iberdrola registró un beneficio neto de 1.518 millones de euros durante el primer semestre del 2017, lo que supuso un aumento del 4,2% respecto del mismo periodo del ejercicio anterior, según ha informado este jueves la eléctrica.

El resultado bruto de explotación (ebitda) se situó en 3.752 millones de euros, el 3,6% inferior al del primer semestre del 2016, impulsado por el negocio de redes, principalmente en Estados Unidos, pero afectado por el negocio liberalizado en Reino Unido y el bajo recurso hidroeléctrico y eólico en España. Avangrid, filial americana de Iberdrola de la que el grupo posee el 81,5% y que cotiza en la Bolsa de Nueva York, aumentó el beneficio neto el 14% hasta los 359 millones de dólares.

Inversiones y deuda

Las inversiones aumentaron el 35% y alcanzaron los 2.512 millones de euros, de los que más del 91% está destinado a crecimiento en proyectos de redes, renovables y generación con contratos a largo plazo. El 90% de las inversiones contempladas en las perspectivas del 2016-2020, que es de 25.000 millones de euros, está ya ejecutado o en construcción.

La deuda financiera neta se situó a 30 de junio en 29.474 millones de euros, al aumentar en 1.663 millones respecto a la misma fecha del año pasado debido a la inversiones que está haciendo la compañía, aunque se ha reducido en 287 millones con respecto al cierre del primer trimestre del 2017.

Este ejercicio Iberdrola ha realizado 1.500 nuevas contrataciones durante el periodo, con lo que su plantilla roza las 30.000 personas, y ha cerrado compras por valor de 3.187 millones de euros, un 11,6% más que en el mismo periodo del 2016, a 13.800 proveedores.

Operaciones

En el segundo semestre del año se pondrán en marcha un total de 1.350 MW, en su mayoría de proyectos renovables, entre los que destaca el segundo parque eólico marino de la compañía: Wikinger, de 350 MW de potencia, en el mar Báltico.

La integración de Elektro en Neoenergia, participadas de Iberdrola en Brasil, dará lugar a la mayor empresa eléctrica del país, de la cual la empresa española poseerá el 52,45%.

La operación sigue su curso y ha recibido la primera aprobación del regulador de la competencia (CADE). Quedan pendientes la autorización de la Agencia Nacional de la Energía Eléctrica (ANEEL) y la del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES), que llegarán previsiblemente en agosto.