El ministro español de Economía, Luis de Guindos, ha afirmado este martes que la independencia de Cataluña es "imposible" desde el punto de vista legal y económico, ya que implicaría una pérdida del 25% o el 30 % del PIB, algo que el Gobierno español "no va a dejar nunca que ocurra".
"Nadie nos pregunta. La gente considera que es imposible la independencia de Catalunya y no he tenido la más mínima pregunta al respecto", ha señalado Guindos en unas declaraciones a la prensa, a su llegada a una reunión del Consejo de ministros de Finanzas de la UE. En ese contexto, ha indicado que "no solo es una cuestión de legalidad (...), es también una cuestión de racionalidad económica", y ha subrayado que el Gobierno español "no va a dejar nunca que Catalunya y los catalanes salgan de la zona euro o de la UE".
"Sería un paso atrás de consecuencias que no quiero ni imaginar. Por esa irracionalidad nadie incorpora en estos momentos sus expectativas", ha añadido. "Es imposible desde el punto de vista legal y desde el punto de vista económico supondría una caída del PIB en el entorno del 25% o el 30 %, un empobrecimiento brutal, y el Gobierno español no va a dejar que eso ocurra nunca", ha remarcado Guindos.
"Es una hipótesis que no contemplamos", ha añadido para zanjar el tema. El ministro ha indicado que el Gobierno quiere "el cumplimiento de la legalidad" y que ha pedido que el presidente de Catalunya, Carles Puigdemont, que vaya al Congreso a explicar la situación, ya que es un tema que compete a los 350 diputados de la Cámara, que es el lugar donde "se tiene que explicar y tiene que recibir réplicas".
CONSTITUCIÓN CATALANA
El borrador de la "ley de ruptura" catalana, mantenido hasta ahora en secreto por el Gobierno catalán y al que tuvo acceso el diario 'El País', es un documento que aspira a funcionar como Constitución catalana durante dos meses y que fija las bases del proceso constituyente para la formación de la "república parlamentaria" de Cataluña.
En su disposición final, el borrador de la "ley de ruptura" establece la declaración unilateral de independencia si el Gobierno central impide la celebración de la consulta popular para la secesión y que ello se llevaría a cabo inmediatamente después de que el Parlament "constate este impedimento".
LEY DE RUPTURA
El borrador de la ley da por hecho que Cataluña seguirá dentro de la Unión Europea y asume sus leyes actuales y las que pudieran aprobarse posteriormente a la declaración de independencia que, en ambos casos, pasarían a formar parte del nuevo ordenamiento jurídico catalán.
Los jueces, magistrados, fiscales y letrados del Estado español, según el borrador de la ley secesionista, "podrán concursar en las plazas que se convoquen" en el hipotético Estado catalán, es decir, que deberán concursar de nuevo si quieren mantener su plaza. Policías y funcionarios deberán acreditar sus conocimientos de catalán para poder mantener su plaza.
Se otorgará la nacionalidad catalana a todo aquel ciudadano español que acredite, al menos, un año de empadronamiento en algún municipio catalán o acredite un mínimo de dos años continuados de residencia en Catalunya en el pasado. En todo caso, dice, ello "no exige" renunciar al pasaporte español.
