El Grupo Caja Rural, en el que está integrada Caja Rural del Sur, ha comunicado que ha concluido todo el proceso, tanto interno como el relativo a autorizaciones reglamentarias, para la constitución del primer mecanismo institucional de protección (MIP) normativo que ha recibido dicha calificación en España.

El Real Decreto-ley 11/2017, de 23 de junio, procedió a incorporar expresamente al régimen jurídico de las cooperativas de crédito la posibilidad de constituir sistemas institucionales de protección de los denominados «normativos», muy diferentes de los que se habían aprobado hasta la fecha en España, los llamados SIP “reforzados”, que eran procesos de integración por medio de un contrato.

Por el contrario, el MIP normativo constituido por el Grupo Caja Rural supone el reconocimiento regulatorio a su estructura actual, que ya operaba de facto como un MIP normativo, manteniendo sus principales señas de identidad, entre las que destaca el respeto a la independencia de sus miembros, su arraigo territorial con fuerte implicación en la colaboración al desarrollo económico-social del entorno natural en el que opera, el mantenimiento de la personalidad jurídica propia y capacidad de decisión de cada uno de sus miembros, y la mejora de los mecanismos de solidaridad.

El Grupo Caja Rural ha obtenido en el ejercicio 2017 un beneficio neto de 287 millones de euros, cifra que supone un incremento del 28% respecto al obtenido el año anterior. El Grupo Caja Rural gestiona unos activos superiores a 62.000 millones de euros, 2.358 oficinas, 8.377 empleados, un patrimonio neto de 5.276 millones, con un ratio de capital del 16,7%, un CET1 del 15,8%, su ratio de morosidad es del 5,95% y el de ratio de cobertura del 66.94%. Asimismo, el rating de sus miembros se sitúa entre BBB+ y BBB, entre los mejores no solo del sector de cooperativas de crédito sino también de todo el sistema financiero español.