El Gobierno ha usado el proyecto de Presupuestos para el 2017para autorizar el uso excepcional del superávit del sistema eléctrico para pagar indemnizaciones judiciales a las eléctricas.

Una de ellas podría ser la decretada por el Tribunal Supremo por el anterior modelo de financiación del bono social, que invalidó hace unos meses. Se estima que el importe de esa compenación puede situarse en unos 500 millones que beneficiaría a los cinco principales grupos, Endesa, Iberdrola, Gas Natural,Viesgo y EDP.

Este precepto del proyecto de las cuentas públicas, incluido a través de una disposición adicional, contraviene la ley eléctrica del 2013. En ese texto se establece de forma clara que "los superávit que pudieran resultar se destinarán a compensar desajustes de años anteriores y mientras existan deudas pendientes de años anteriores, los peajes de acceso o cargos no podrán ser revisados a la baja".

PRESUPUESTOS Y SISTEMA

Esta disposición establece "los superávits de ingresos del sistema eléctrico podrán destinarse al pago de indemnizaciones en ejecución de sentencias derivadas de normativa del sector eléctrico que deban llevarse a cabo con cargo a los Presupuestos Generales del Estado o con cargo al sistema eléctrico".

El supéravit acumulado en los ejercicios del 2014 y del 2015 por el sistema eléctrico (fruto de la diferencia entre los gastos de producción y los ingresos recomocidos por la tarifa regulada) asciende a 1.019 millones de euros (550,3 millones en el 2014 + 469,3 millones en el 2015). El importe de la deuda total del sistema eléctrico a 31 de diciembre del año pasado era de un total de 23.070,4 millones.

A falta de un desarrollo normativo, el superávit acumulado está inmovilizado en una cuenta bancaria gestionada por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).