La esperada reforma legislativa que debe atajar la burbuja de los alquileres está cada vez más cerca. «Vamos a reformar dos o tres aspectos importantes de la Ley de Arrendamentos Urbanos (LAU)», ha manifestado el ministro de Fomento, José Luis Ábalos. El nuevo titular de la cartera se dará unas semanas para reflexionar sobre cuál es el mejor camino para emprender la reforma y en que términos exactamente debe hacerse, pero lo más probable es que se opte por aprovechar la proposición de ley registrada por el PSOE en el Congreso y que fue vetada por el Ejecutivo de Mariano Rajoy. El Ejecutivo de Pedro Sánchez ha levantado ya ese veto, con lo que esta iniciativa podría iniciar su tramitación parlamentaria inmediatamente, negociando su contenido con los grupos políticos susceptibles de apoyarla, especialmente con Unidos Podemos, que tiene en tramitación otra propuesta de reforma con el mismo objetivo, pero muy divergente en algunos aspectos. Ábalos quiere cambiar el enfoque de la política de vivienda de sus antecesores. Si antes solo estaba encaminada a estimular el negocio inmobiliario, con escaso impulso a la vivienda pública, el nuevo ministro anunció el pasado jueves en la toma de posesión de altos cargos de su departamento que su enfoque pivotará sobre «la vivienda como derecho». La proposición socialista incluye la ampliación de la duración de los contratos de los tres años actuales a cinco y la revisión de las rentas referenciada al IPC. Son dos puntos que, con algunos matices, suscitan ya un amplio acuerdo entre las fuerzas parlamentarias que garantizarían su aprobación. El PP rebajó de cinco a tres años la duración mínima de los contratos en el 2013, en el marco de una reforma cuyo objetivo era, supuestamente, incentivar a los propietarios para que creciera la oferta de pisos de alquiler. Pero no ha funcionado.
