El Gobierno ha rechazado las compensaciones reclamadas por Abertis por las disminuciones del tráfico en la autopista AP-7 que reclamó la compañía. Ante el silencio del Ejecutivo en la anterior legislatura, el grupo recurrió al Tribunal Supremo en el 2015 para exigir casi 1.500 millones por ese concepto.

El Ejecutivo asegura que cuenta con el dictamen favorable del Consejo de Estado para rechazar la petición y hace suya la interpretación hecha por este organismo en diciembre del 2014. Esa visión es la que llevó a Abertis a llevar el caso al Supremo.

En marzo pasado, la concesionaria ganó una primera batalla al darle el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) la razón al anotar en sus cuentas la compensación en sus cuentas como un activo financiero. Este fallo anuló la censura de cuentas del 2011, en la que el Ministerio de Fomento no admitía los 1.494 millones como activo financiero.

TERCER CARRIL

El origen del conflicto nació del convenio entre Acesa (del grupo Abertis) y el ministerio de Fomento que modificaba la concesión de la AP-7. En el mismo se preveía que Abertis invertía 500 millones en un tercer carril en los tramos de Girona y Tarragona. En compensación de le reconocían el importe de las obras más su actualización financiera, así como un saldo por garantía de tráfico perdido más intereses si el carril adicional no generaba más tráfico. La crisis hizo que en el 2008 el tráfico se desplomara el 30% y que se activara lo previsto en el convenio.

Por otra parte, la Comisión Nacional del Mercado de Valores(CNMV) ha autorizado la oferta pública de compra (opa) que la italiana Atlantia prentede lanzar sobre Abertis. El grupo italiano, que prevé la opción de que hasta un 23% de la operación sea mediante el intercambio de acciones, ofrece 16,50 euros por título, lo que valora Abertis en en 16.341 millones de euros.