Victoria del sector del taxi. El Gobierno de Mariano Rajoy ha preferido adelantarse a los tribunales y aprobar, por la vía de la urgencia, un decreto ley que garantiza el límite de una licencia de vehículo de alquiler con conductor (VTC, los que usan la americana Uber o la española Cabify) por cada 30 de taxi. La celeridad se explica porque el Tribunal Supremo debe pronunciarse pronto sobre los límites de la VTC, y podría haber sentencia favorable a la liberalización del sector. Al elevar el contenido a rango de ley, los taxistas quedan protegidos de la hipotética sentencia favorable a la liberalización.

La nueva norma, que deberá ser convalidada en el Congreso en el plazo de un mes desde que se publique en el BOE -algunas fuentes apuntan a que el PP ya contaría con el apoyo de otros grupos parlamentarios- eleva a ley la norma del 1/30 recogida hasta ahora en el reglamento del 2015 de ordenación del transporte terrestre (ROTT), y que también obliga a las VTC a prestar un 80% de los trayectos en la comunidad autónoma donde se obtiene la licencia.

El objetivo del Gobierno es «equilibrar el sector del VTC en relación con el del taxi y garantizar una convivencia equilibrada entre ambos», según indicó el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Según datos del Ejecutivo, actualmente en España hay «64.217 licencias de taxi y 7.058 de VTC, por lo que el ratio actual es de 1/9 y debe ser regulado», afirmó.

Asimismo, con esta ley se pretende garantizar la «seguridad jurídica» en el sector de las VTC y que cuente con una «regulación homogénea» en todo el territorio español, ante la «proliferación» de diferentes iniciativas normativas en distintas comunidades y ayuntamientos para contener a los VTC.

Pese al mensaje oficial, lo cierto es que este real decreto ley se aprueba en vísperas de que el Tribunal Supremo se pronuncie precisamente sobre esa ratio de limitación entre los VTC y el taxi. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) presentó recurso en contra de esa limitación al considerar que frenaba la competencia, un recurso al que posteriormente se sumaron Unauto, la patronal de las VTC, y las principales empresas del sector, Uber y Cabify, que reclaman la supresión de las citadas limitaciones.

En el sector, de hecho, hubo un periodo de vacío legal (hasta el 2015) en el que centenares de particulares y empresas solicitaron licencias VTC. Estas llegaron a los tribunales, y hasta ahora han obtenido resoluciones favorables en la mayoría de los casos. A falta de conocer la redacción final del texto, el decreto ley no sería retroactivo, por lo que no afectaría a esas concesiones. Sí que afectaría, en cambio, a otras miles de licencias más pedidas a partir del 2016 por empresas y particulares. «De llegar al marcado, se hubiese desplomado el precio de las licencias VTC, por lo que la norma no desagrada a los que ya tienen la concesión», destacan otras fuentes.

REACCIONES / Los taxistas manifestaron su «satisfacción» ante la aprobación del real decreto ley. Según la patronal Fedetaxi, el nuevo texto legal constituye «un gran paso adelante» para poner fin a la «situación de inseguridad jurídica y social» en la que, según afirman, se encuentra el sector «desde hace años». En un comunicado, la principal patronal de los taxistas reveló que esta misma semana se reunió con el ministro De la Serna e indicó que la nueva legislación es fruto de «intensas negociaciones» del sector del taxi con el Ministerio de Fomento.

Al otro lado, un portavoz de Uber, en cambio, destacó: «Este decreto supone una oportunidad perdida para la creación de miles de puesto de trabajo en España y para la modernización de la movilidad en nuestras ciudades. Esperamos ponernos a trabajar con el Gobierno, las plataformas y el sector del taxi en una nueva regulación que haga posible nuestro objetivo común: que cada vez más ciudadanos dejen su coche en casa». Cabify, mientras, apostó por la «transformación profunda del sector del taxi».