El debate está servido aunque se desconoce si tendrá una resolución y cuándo. La cuestión gira en torno a la posibilidad de que los futuros jubilados puedan ampliar a toda su vida laboral el periodo de cálculo de la pensión de forma voluntaria. La idea la puso ayer encima de la mesa la ministra de Empleo, Fátima Báñez, en una entrevista en TVE, sin que el tema se haya planteado formalmente en la comisión del Pacto de Toledo.

De momento, la propuesta de Báñez sirvió para retirar el foco de la que realizó hace una semana la dirección del PSOE y su secretario general Pedro Sánchez, para promover un impuesto a los bancos que sirva para financiar las rentas de los mayores.

En una asamblea de militantes en León, el líder socialista replicó a la ministra que la precariedad del empleo que se crea y los bajos salarios que se pagan son la semilla de unas escuálidas pensiones en el futuro. «No es sólo el número de años que cotizas, si no por el tipo de contrato que cotizas», subrayó.

Para Sánchez el primer paso es la derogación de la reforma laboral del PP, que «ha precarizado el mercado laboral, se cobra menos sueldos, las cotizaciones son inferiores y el déficit, estructural».

El objetivo del PP, según Sánchez, es «destruir» las pensiones públicas «en favor» de las privadas en contestación a Celia Villalobos, presidenta de la comisión del Pacto de Toledo, que ayer por la mañana pedía a los mayores de 45 años que ahorraran dos euros al día para su jubilación.

Los sindicatos mayoritarios CCOO y UGT consideran que la iniciativa del Gobierno no es viable excepto si el afectado tiene total libertad para elegir el periodo de cotización. «No solucionará» la crisis de financiación de la Seguridad Social, dijo María Carmen Barerra, secretaria de política social de UGT. Además, dudan de las buenas intenciones de Báñez hasta el punto de que Unai Sordo calificó la idea de «propuesta de Telediario», por el corto recorrido que se le augura.

«Hay que actuar sobre los ingresos, para mejorarlos, y los gastos, así como revertir los efectos negativos de los dos índices» de revalorización y de sostenibilidad de la reforma del 2013, replicó Sordo. Las centrales no van a ceder en esta petición que es la que limita la subida de las rentas de los mayores al 0,25% anual.

Los grupos parlamentarios de la oposición recibieron la propuesta del Gobierno con escepticismo y cierta perplejidad ya que no ha sido planteada en la comisión del Pacto de Toledo, según fuentes conocedoras de la situación. Probablemente lo haga el PP como una más de sus recomendaciones y una baza negociadora ante las de la oposición.

La comisión tiene un plan de trabajo intensivo para presentar en torno a la Semana Santa (con un año de retraso) una serie de propuestas para la reforma del sistema, unas acordadas por unanimidad y otras con grandes discrepancias entre el Gobierno y la oposición en las que tendrá una importancia vital las alianzas políticas de cada parte ya que, de momento, el Ejecutivo está en minoría.

Durante una entrevista al canal 24 horas de TVE, Báñez destacó que «algunos trabajadores han tenido cotizaciones muy altas al principio o a mitad de su vida laboral» pero que luego tienen una pensión baja. Se trata, aclaró Báñez, de quienes han sido despedidos por expedientes de regulación de empleo (ERE). Ante los problemas que las empresas ponen a la contratación de mayores de 50 años, han pasado a ejercer una actividad como autónomos, cotizando lo mínimo a la Seguridad Social al final de su vida laboral.

Desde 2013 comenzó a aumentar gradualmente de 15 a 25 años el periodo de cómputo para calcular la pensión de jubilación. Esta subida fue establecida en la reforma del 2011. Este año se calcularán las pensiones sobre las bases de cotización de los últimos 21 años de actividad. En 2022 se llegará a los 25 años. Siempre que se debate sobre el futuro de las pensiones se presentan propuestas para que el cálculo se realice sobre toda la vida laboral. Los sindicatos se han opuesto porque la mayoría de los pensionistas tenían sueldos y cotizaciones muy bajos. La propuesta de la ministra mejoraría el retiro pero supondría un gran desembolso del sistema de protección que se encuentra en déficit.