El Gobierno ha decidido ordenar a las entidades financieras que comuniquen a la Fiscalía si detectan "algún pago o transferencia relacionada con el referéndum del 1 de octubre". Así lo acordó este jueves la Comisión Delegada para Asuntos Económicos del Ejecutivo y lo ha anunciado este viernes el Ministerio de Hacienda, dirigido por Cristóbal Montoro.
El Gobierno, así, ha reclamado a los bancos que "no colaboren con actividades ilegales y exijan que cualquier pago de la Generalitat esté acompañado de un certificado de la Intervención General. Si detectan cualquier irregularidad deberán comunicarlo al Ministerio Fiscal".
El Ejecutivo va a enviar a las entidades el acuerdo de la Comisión Delegada "con el fin de que sus oficinas eviten colaborar con las actividades del referéndum ilegal, como ya hacen frente a otras posibles actuaciones delictivas como puede ser el blanqueo de dinero".
48 horas
El Gobierno ha dado 48 horas al president de la Generalitat para que apruebe un acuerdo de no disponibilidad que afecte a cualquier gasto que no esté vinculado a servicios públicos fundamentales. Además, el Estado no enviará nuevas transferencias a Cataluña para pagar estos servicios, sino que los abonará directamente a los proveedores una vez que la Generalitat certifique todos los gastos que tiene pendientes.
Estas medidas afectan a los pagos que el Govern realiza mediante las transferencias que el Estado le hace a cargo de los impuestos que recauda y que suponen el 80% de la financiación de la comunidad autónoma. Sin embargo, la Generalitat también ingresa directamente unas partidas menores por impuestos propios y otros medios.
El Gobierno quiere evitar que utilice esos recursos para financiar el referéndum. "Cualquier pago de la Generalitat debe ir acompañado de un certificado de la Intervención General acreditando que el mismo no está relacionado con ese proceso ilegal", ha explicado Hacienda.
