Muchos funcionarios se irán de vacaciones con un ingreso adicional. Un mes después de cobrar la extra de verano, los empleados públicos de toda España empezarán a cobrar este mes de julio el aumento salarial del 1% y una paguilla por los atrasos acumulados desde enero.
La demora en la aplicación del incremento retributivo se debe a la larga y tardía tramitación parlamentaria de los Presupuestos Generales del Estado del 2017, en los que se incluye la subida salarial del personal a cargo de la Administración del Estado que también es obligatoria para el resto de organismos públicos.
Los tres millones de funcionarios contabilizados en todas las administraciones españolas percibirán una paguilla media de alrededor de 100 euros a 200 euros por la aplicación retroactiva del 1% de enero a junio. En el caso de la Administración del Estado, la Generalitat y otros organismos locales y autonómicos, esa paguilla se abonará en la nómina de julio, que ya tendrá incorporada la actualización de las tablas salariales.
ACUERDOS EN ADMINISTRACIONES
Otras administraciones han acordado otras fórmulas de pago aplazadas o fraccionadas. Por ejemplo, en el caso de la Diputación de Barcelona la regularización de los atrasos se hará, por motivos técnicos en la confección de las nóminas, entre septiembre y noviembre para todos los conceptos.
Sin embargo, la paga de atrasos y el 1% de incremento para el 2017 dejan a los empleados públicos en una situación de pérdida de poder adquisitivo. En el conjunto de España, la subida supone un retroceso de 0,5 puntos en el poder de compra ya que el índice de precios de consumo subió hasta junio el 1,5%. En Catalunya, la pérdida de poder adquisitivo llega de momento a 0,7 puntos ya que la inflación se encuentra en el 1,7%.
De hecho, el aumento de las retribuciones que ofreció el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, no fue aceptado por los sindicatos, que reclamaban un incremento más alto en consonancia con las previsiones de IPC. El 1% de subida salarial de la función pública también está por debajo de la recomendación consensuada por los sindicatos CCOO y UGT y las patronales CEOE y CEPYME, queaconsejan que las nóminas se incrementen entre el 1,2% y el 2,5%.
El responsable institucional de la Federación de Servicios Públicos de la UGT catalana, Carles Villalante, ha advertido de que después del verano instarán al Ejecutivo a "incorporar la pérdida de poder adquisitivo en el incremento de los sueldos públicos del 2018".
