El Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) solicita cinco años de prisión para el expresidente de Bankia Rodrigo Rato por estafa a los inversores que compraron acciones en la salida a bolsa, aunque descarta el presunto delito de falsedad contable tras adherirse a los argumentos de la Fiscalía Anticorrupción. El FROB secunda así el escrito de acusación registrado por el Ministerio Público, por lo que pide cuatro años de cárcel para el exvicepresidente José Luis Olivas, tres años para el exconsejero José Manuel Fernández Norniella, y dos años y siete meses para el exconsejero delegado Francisco Verdú, y exonera al resto de investigados.
En el documento, el FROB les considera responsables civiles directos, razón por la que solicita una indemnización por las cantidades en las que resultó mermado el patrimonio tanto de Bankia como de su matriz, BFA, como consecuencia de las reclamaciones de los afectados por la operación, cantidad a determinar una vez que haya sentencia y se haga firme.
Según el abogado del Estado, que representa los intereses del FROB, los cuatro tuvieron "especial responsabilidad en que la salida a bolsa se ejecutara sustrayendo a los inversores la información esencial acerca de la verdadera situación patrimonial de Bankia y su inviabilidad". Especial peso atribuye a Rato y Fernández Norniella por los cargos desempeñados en los órganos de dirección de Caja Madrid, así como a Olivas por su posición destacada en Bancaja, cuya situación patrimonial y correspondiente reflejo contable "está en el origen de la situación creada".
PILOTO DE LA INCONSISTENCIA
Sobre Rato, el escrito asegura que "pilotó el proyecto de BFA-Bankia" y permitió el debut bursátil pese a ser "plenamente consciente de la inconsistencia del proyecto" y de que los inversores estaban recibiendo una información "incompleta e inveraz" que ocultaba la realidad "crítica" de la entidad.
Una conducta que también reprocha a Olivas, a quien señala por haber autorizado en su época al frente de Bancaja, operaciones inmobilirias "faltas de racionalidad económica" en las que no existían expectativas de un desarrollo urbanístico que permitiera recuperar la inversión a corto o medio plazo, originando un "importante quebranto" que acabó por afectar a la matriz de Bankia.
"Sin perjuicio de que el entorno económico se deteriorara en el tercer y cuarto trimestre del 2011, la situación de BFA-Bankia era ya a la fecha de la salida a bolsa muy crítica", denuncia el FROB, que asegura que los acontecimientos posteriores "no fueron sino la confirmación de la inviabilidad del proyecto" de la entidad.
PROTEGER AL EMISOR
Respecto al folleto de salida a bolsa de la entidad que recogía las cuentas trimestrales a fecha de marzo de 2011, el organismo público reconoce que es cierto que los acusados informaron "de manera exhaustiva" de los factores de riesgo que conllevaba la oferta aunque entiende que la descripción del tríptico estaba más pensada para proteger al emisor ante eventuales futuras reclamaciones que al inversor.
Los inversores minoristas asumieron un riesgo "extraordinariamente superior" al que conlleva una simple operación bursátil, según recoge el escrito presentado ante el magistrado Andreu, que el pasado mes de mayo dictó auto de procesamiento contra 32 personas físicas y dos jurídicas (Bankia y BFA) tras cinco años de instrucción de la causa. "El problema de Bankia residía en el aspecto clave de cualquier negocio: la rentabilidad, esto es, la incapacidad de la entidad para generar de manera recurrente beneficios de flujos de caja positivos con los que atender a sus acreedores y retribuir a sus accionistas de manera apropiada", añade el Fondo.
Reconoce que la contabilidad del grupo no puede calificarse de materialmente falsa porque no se vulneró la normativa entonces vigente y cumplieron con las exigencias del Banco de España pero resalta que "no contribuyeron a que la imagen fiel de la entidad luciera adecuadamente". Tampoco pasa por alto que la entidad recibió ayudas públicas por valor de 22.400 millones de euros y recuerda que la operación de recapitalización llevada a cabo en el 2012 consistió en una ampliación de capital en BFA por importe de 4.500 millones de euros que desembolsó el FROB.
