La Fiscalía de lo Civil del Tribunal Supremo ha abierto este viernes diligencias para averiguar las razones por las que se han producido los sucesivos aumentos de precio que han experimentado en los últimos tiempos los recibos de la luz. El ministerio público actúa en defensa de la protección de los intereses de los consumidores y usuarios, con el fin de determinar la realidad y naturaleza de estos hechos.

Fuentes fiscales señalaron que este tipo de investigación se ha puesto en práctica desde 2014 en varias ocasiones, como con la subida de los carburantes, aunque en aquella ocasión se archivaron sin necesidad de interponer una demanda ante el juzgado correspondiente. La apertura de las diligencias supone en un primer momento determinar cómo está regulado el mercado de la luz y en qué grado afectan las condiciones meteorológicas adversas al recibo. Con los datos recabados determinará si hay algún responsable del perjuicio sufrido por consumidores y usuarios.

El precio medio del mercado mayorista eléctrico ha alcanzado este viernes los 88 euros por megavatio y hora, cifra que contrasta con los 60,49 euros del pasado mes de diciembre. Durante esta semana se han producido subidas diarias del 2,5%, el jueves, y del 8%, el miércoles.

La Ley de Enjuiciamiento Civil habilita a los fiscales a iniciar las llamadas "acciones de cesación" con el fin de defender los intereses difusos de consumidores y usuarios, que sin la actuación del ministerio público quedarían indefensos. La Fiscalía General del Estado precisa que el ministerio público actúa en toda España como defensor del interés público tutelado por la ley, en este caso al amparo del artículo 11.5 de la ley, que concede legitimación fiscal para actuar en defensa de los derechos e intereses de consumidores y usuarios, "sin perjuicio de la legitimación individual de los perjudicados" y de las asociaciones que representan sus intereses. La fiscalía puede actuar "cuando los perjudicados por un hecho" sean una pluralidad de consumidores o usuarios "indeterminada o de difícil determinación".

Si de las diligencias fiscales se desprende algún tipo de responsabilidad en la subida de los recibos de la luz, el ministerio público lo pondrá en conocimiento del tribunal correspondiente a través de la presentación de una demanda.