El juicio por las dietas que cobró irregularmente Modesto Crespo, expresidente de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), empezó ayer en la Audiencia Provincial de Alicante, en la que solo él aceptó el pacto propuesto por la Fiscalía Anticorrupción, que no consiguió convencer con sus rebajas ni a Roberto López Abad, exdirector general de la entidad, ni a los otros 19 consejeros encausados.

El ministerio fiscal sostiene que pese a que el cargo de presidente no podría tener legalmente ninguna retribución, entre el 2009 y el 2010, Crespo habría cobrado 600.000 euros como presidente de Tinser Cartera, una sociedad participada por la CAM y sin actividad. López Abad habría ideado un sistema que habrían validado los miembros de la comisión encargada de controlar los pagos y los del consejo de administración. Crespo se declaró culpable de apropiación indebida agravada y administración desleal y aceptó una condena de nueve meses de prisión que le evitará casi con toda seguridad pisar la cárcel pues no tiene antecedentes al haber sido absuelto del juicio por el falseamiento de las cuentas de la entidad.

Eso sí, según el acuerdo alcanzado también con la acusación particular, deberá devolver el dinero cobrado, pagar una multa de nueve mil euros y tendrá que acusar al ideólogo el sistema que le permitió cobrar ese dinero y detallar cómo se llevó a cabo.

En cambio, el resto de encausados se declararon inocentes pese a que la Fiscalía parecía dispuesta a reducir la solicitud de prisión a seis meses en el caso de los consejeros, a siete a los miembros de la comisión y a nueve a López Abad, una pena similar a la de Crespo.

Pero el exdirector general ya tiene una primera condena de tres años por aquel juicio en el que el expresidente resultó absuelto y aunque está pendiente de ser revisada por el Supremo, la admisión de culpabilidad supondría un obstáculo en su intención de esquivar la prisión. Una situación similar tienen el resto de consejeros encausados, ya condenados o con juicios pendientes, lo que les ha llevado a rechazar la propuesta de la Fiscalía para tratar de demostrar en el juicio que nunca fueron conocedores del sistema ideado y que sus responsables habrían falsificado las actas del consejo en el que se habría dado el visto bueno al pago a Crespo.