El Estado asumirá un máximo del 60% del coste de las indemnizaciones por la salida a bolsa de Bankia a través de su matriz, BFA, 100% nacionalizada. Con todo, las arcas públicas no tendrán que poner nuevas ayudas ya que el Gobierno ha fijado como condición que el grupo afronte los pagos con sus propios recursos. Su presidente, José Ignacio Goirigolzarri, ha asegurado que cuenta con fondos suficientes para afrontar los desembolsos sin nuevas aportaciones públicas. Otra cosa es que la participación estatal en el grupo (100% de BFA, e indirectamente 62,2% de Bankia) perderá valor a corto plazo.

El Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) -del que forman parte los Ministerios de Economía y Hacienda y el Banco de España- ha decidido permitir que sea el consejo de BFA, presidido por Goirigolzarri al igual que el de Bankia, el que fije cómo se repartirá entre la matriz y el banco cotizado el coste de las sentencias que obliguen a devolver el dinero a accionistas concretos por la vía civil. Es el acuerdo al que ha llegado tras semanas de negociaciones y enfrentamientos entre Economía y Hacienda y tras la mediación de Monlcoa.

Como máximo se repartirá un coste de 780 millones de euros, que es al que Bankia y KPMG (auditor contratado expresamente para hacer este cálculo) estiman que ascenderá la factura. Si finalmente es superior, lo tendrá que afrontar Bankia en solitario. La cantidad está dentro del intervalo de estimaciones previas, que apuntaban a un impacto de entre 600 y 900 millones.

CONDICIONES

Eso sí, el FROB le ha impuesto ciertas condiciones para hacer ese reparto, como la citada de que BFA asuma un máximo del 60%. También que la matriz solo asuma costes derivados de las salida a bolsa, que BFA deje de poner dinero si seguir haciéndolo supondría que las arcas públicas le tuvieran que inyectar capital, y dejar claro que el hecho de que la matriz afronte parte de los pagos no supone que asuma ninguna responsabilidad en las irregularidades de la salida a bolsa.

Los consejos de BFA y Bankia se reunirán este viernes para estudiar la decisión del FROB y aprobar las cuentas del año pasado, que presentarán mañana, en el último día del plazo legal y tras retrasarlas casi un mes por la falta de acuerdo en el Gobierno. El problema viene de diciembre, cuando Antonio Busquets y Víctor Sánchez, inspectores del Banco de España y peritos de la Audiencia Nacional, aseguraron que la entidad salió a bolsa en época de Rodrigo Rato con las cuentas falseadas.

No se prevé una hipotética sentencia condenatoria en firme del Tribunal Supremo por esta vía penal hasta entre el 2018 y el 2020 (que podría obligar a reintegrar lo invertido a un buen número o todos los accionistas). Pero otra cosa es la civil, donde ya se han producido condenas a devolver dinero a accionistas concretos por el informe de los peritos, y se espera una oleada de querellas.