A partir de este miércoles 1 de abril, los precios de los servicios públicos dejarán de esta ligerados al índice de precios de consumo (IPC). Lo establece la ley desindexación de la economía, aprobada hace un año, pero que publica el BOE de este martes. Quedan excluídos del ámbito de la norma la negociación colectiva, las pensiones y los instrumentos financieros, así como los impuestos.

El objetivo de esta ley es desvincular totalmente del IPC los precios que se fijan en la prestación de servicios públicos para contribuir a la estabilidad de precios y a la mejora de la competitividad de la economía española, según el Gobierno. La expoisción de motivos afirma que "carece de sentido que le precio regulado de una prestación sujeta a obligación de servicio público o el de un contrato público se indexe a la evolución de precios y servicios sin incidencia directa en el coste de dicha prestación o suministro".

De esta forma, los precios públicos, por ejemplo los derivados de contratos de servicios públicos, no se actualizarán automáticamente con el IPC, sino que la subida se hará de acuerdo con el incremento de los costes del servicio. La norma deroga cualquier vinculación directa al IPC en los precios y servicios regulados o prestados por las administraciones públicas, de forma que nada se actualizará según el IPC, y los aumentos de precios deberán estar justificados exclusivamente por la evolución de los costes del servicio.

La nueva ley afecta a los ámbitos de transportes, telecomunicaciones, energía, servicios postales, agua, tasas, sanciones y los precios de los contratos públicos. La norma desarrolla un nuevo índice de referencia para los contratos del sector público y privado, llamado Índice de Garantía de Competitividad. Este índice tendrá en cuenta el diferencial de inflación de España con la zona euro, que será corregido con la pérdida de competitividad acumulada desde la entrada en el euro (el deterioro acumulado del diferencial). Este nuevo índice tendría un tope del 2% --el objetivo de inflación del Banco Central Europeo (BCE)-- y un suelo del 0%.

El Gobierno pretende fomentar el uso de este nuevo índice para que lo acabe aplicando también el sector privado, puesto que algunos sectores económicos tienden a actualizar sus precios en función de la inflación. Así, en el ámbito privado, las actualizaciones quedarán sometidas a la libre voluntad de las partes y si no hay pacto explícito, no se realizará actualización. Por su parte, si el pacto entre las partes no especifica el índice de referencia, se utilizará el nuevo índice propuesto en la ley.

GASTO DE 35.000 MILLONES

Según datos del Gobierno, los gastos en bienes y servicios regulados que afectan a los hogares suponen el 7% del total, unos 35.000 millones de euros anuales, el 3,5% del PIB. De esta forma, si la inflación alcanzara en un año el 2%, el ahorro para las familias en lo que se refiere a productos y servicios afectados por la norma sería de unos 700 millones de euros.

Tras su paso por las Cortes, la ley incorporó algunos cambios introducidos por el PP, que buscó el consenso con el resto de grupos sin lograrlo. Entre las modificaciones aprobadas en el Congreso --el Senado no incorporó ninguna enmienda--, destaca la que prevé una excepción a la norma general de desindexación para que los contratos de arrendamientos de inmuebles puedan incluir un régimen de revisión de precios periódico, siempre y cuando sea acordado y tenga una justificación económica.