Las comunidades autónomas son las impulsoras de la escasa creación de empleo público constatado en los dos últimos años, en paralelo al crecimiento del empleo privado. Mientras, la Administración del Estado sigue reduciendo sus efectivos. Tras este hecho se encuentra la aplicación estricta del la regla de gasto por parte del Estado y una mayor laxitud de las autonomías, lo que les permite más margen para la contratación, que se ha concentrado en sanidad y educación, sobre todo en este último, según fuentes sindicales. Como consecuencia de esta flexibilidad ha aumentado la temporalidad que alcanza niveles próximos a los de antes de la crisis.

El último recuento de personal empleado en las distintas administraciones arrojaba, a fecha de enero de este año, un total de 2.523.167 trabajadores, 246 menos que en julio del 2016, según datos del Boletín Estadístico del Ministerio de Hacienda y Función Pública, que se publica cada semestre. De este total, la administración estatal contabilizaba al inicio del año 522.412 personas, unas 2.500 menos que seis meses antes.

La administración autonómica, la de las 17 comunidades, suma 1.307.358 empleados, 9.226 más que en julio del 2016. La administración local cuenta con 543.110 trabajadores, 4.715 menos que hace un año.

Las autonomías redujeron el personal de las consejerías y de sus organismos autónomos en 4.008 plazas en el último semestre del año, mientras que la bajada de personal en los ayuntamientos y entidades locales fue mayor y sumó 5.642 efectivos. En las diputaciones crecieron las plantillas en 927 empleados.

Evolución

La incipiente recuperación de la economía y su traslación al empleo no ha supuesto, en todo caso, alcanzar los niveles del 2009. Hasta las vísperas de la crisis el empleo público fue creciendo, en incluso en los primeros compases, pero cuando estalló y se puso en marcha el programa de recortes y disciplina presupuestaria de Bruselas se destruyó en tasas del 10% entre los años 2011 y 2013 y se volvió a la cota de poco más de 2,9 millones. Ahora es menor, 2,5 millones, lo que pone de manifiesto que el empleo público no se recupera al mismo ritmo que el privado y supone menos del 20% del empleo total.

En los años anteriores a la crisis la temporalidad entre la plantilla de empleados públicos afectaba al 25% del total. Con la destrucción de empleo cayó al 20% pero con la leve recuperación ha subido de nuevo al 23%, según las conclusiones de CCOO en base a los datos del boletín estadístico de la Función Pública. Según este sindicato, todo el empleo público creado desde el 2014 es temporal. La administración local se sitúa por encima de la media de temporalidad de todo el sector público, pero con mayor incidencia en la sanidad.

La temporalidad entre las mujeres es 10 puntos superior que entre los hombres, como sucede en el sector privado, lo que se explica en parte porque el nuevo empleo se concentra en sectores más feminizados como la sanidad y la educación.